El artículo 15 de la Constitución dice: “Todos los españoles tienen derecho a la vida y la integridad física y moral”, y en su artículo 43-2: “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”. Asimismo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 2-1 dice: “Toda persona tiene derecho a la vida” y en el artículo 3-1: “Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica” y en el 3-2: “La prohibición de las prácticas eugenésicas, y en particular las que tienen por finalidad la selección de las personas”.

Todo lo anterior ha sido continuadamente incumplido en las Residencias y con las personas dependientes, evidenciando la falta de humanidad de una sociedad que miró y mira hacia otro lado.

Hoy día 15 de junio declarado por la ONU DÍA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ deberíamos abochornarnos por los más de 36.000 muertos en residencias más los no contabilizados fallecidos en sus casas debido al abandono y nula inspección de los Gobiernos, la mala gestión, poca atención y voracidad económica de los gestores de las residencias que han convertidos a estas, en centros de MUERTE y MALOS TRATOS.

No pongamos el foco en esta crisis, que solo ha destapado lo que escondía hace años esta gestión, donde los y las mayores están sometidos a protocolos de trabajo que solo buscan el beneficio empresarial y por tanto en objetos de explotación totalmente deshumanizados. Estas personas son las mismas que dieron sus mejores años en levantar un país tercermundista y convertirlo en lo que hoy es.

Los responsables políticos con sus aliados los grandes medios de comunicación han intentado borrar de nuestra memoria colectiva su falta de acción y su dejadez, permitiendo esta grandísima mortalidad y alguna ha conseguido ser premiada con la Presidencia de una comunidad a la que le cabe el honor de ser la que más muertes ha tenido con el famoso protocolo de la vergüenza. Desde COESPE hemos reclamado durante la pandemia a Ayuntamientos, Diputaciones, Defensor del Pueblo Autonómico,

Gobiernos Autonómicos y en todos los casos hemos recibido la callada por respuesta. Estos políticos han permitido que los y las mayores muriesen abandonados, sin atención y sin ni siquiera el conocimiento y la despedida de sus familiares.

Y como final apoteósico de esta barbarie los señores jueces y fiscales, cuyo deber constitucional es la tutela efectiva sobre las personas desvalidas, pero como viene siendo habitual, en unión estrecha con el poder político y económico, han colaborado en todas estas muertes por inacción, al no observar ningún tipo de delito en estas actuaciones.

Y hoy, después de tanta muerte y maltrato, ¿qué han hecho nuestros políticos? NADA. Si mañana hubiese una nueva pandemia, cosa que no deseamos, se volverían a repetir las mismas escenas dantescas y nuestros compañeras y compañeros volverían a pagar con sus vidas la incompetencia y la desidia de los políticos y el desinterés de una sociedad enferma.

 

Desde COESPE GRITAMOS “NI OLVIDO NI PERDÓN” y seguiremos luchando por JUSTICIA Y DIGNIDAD PARA LOS Y LAS MAYORES.

 

COESPE gritamos “NI OLVIDO NI PERDÓN”

 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LO PÚBLICO Y LAS PENSIONES SE DEFIENDEN.

 

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