La plataforma Juntes per l’Habitatge Sur ha hecho este viernes un llamamiento claro a la ciudadanía para participar en la movilización convocada este sábado 6 de junio en defensa del derecho a una vivienda digna y asequible. Bajo el lema de acabar con “el negocio de la vivienda que nos cuesta la vida”, el movimiento social denuncia la situación de emergencia residencial que atraviesa buena parte del País Valencià y reclama cambios profundos en las políticas públicas relacionadas con el acceso a la vivienda.
En Alicante, la manifestación arrancará a las 11.30 horas desde la Plaza Manila y finalizará en la Plaza del Ayuntamiento. La convocatoria cuenta con el respaldo de organizaciones sociales, vecinales, de consumidores y colectivos defensores de los derechos humanos. Además de la movilización alicantina, también habrá protestas en Valencia, a las 19.00 horas desde la plaza de Sant Agustí, y en Castellón, desde la plaza Independencia a la misma hora.
Desde Juntes per l’Habitatge Sur consideran que la movilización ciudadana “es imprescindible” para visibilizar un problema que afecta cada vez a más familias trabajadoras, jóvenes y personas vulnerables. La plataforma insiste en que el acceso a la vivienda no puede seguir dependiendo únicamente de las dinámicas del mercado inmobiliario y reclama que la vivienda sea tratada como un derecho fundamental y no como un simple producto financiero o especulativo.
La marcha de Alicante estará impulsada por el Sindicato de Vivienda de Carolinas y el Sindicato de Vivienda de la Zona Norte, colectivos que llevan años denunciando el incremento continuado de los precios del alquiler y las dificultades crecientes para acceder a una vivienda estable. Según exponen los convocantes, el encarecimiento de los alquileres, la proliferación de viviendas turísticas y la acumulación de propiedades en manos de grandes tenedores están expulsando a muchos vecinos de sus propios barrios.
La plataforma plantea una batería de medidas que considera urgentes para afrontar esta crisis estructural. Entre ellas, la creación de un gran parque público de vivienda social y asequible mediante la construcción, adquisición y rehabilitación de inmuebles, además de blindar legalmente esas viviendas para evitar que puedan volver al mercado privado en el futuro.
Otro de los puntos que defienden pasa por movilizar la actual bolsa de viviendas vacías, incorporando inmuebles de propietarios privados, instituciones y administraciones públicas al mercado del alquiler asequible. Para ello proponen utilizar herramientas legales como el derecho de tanteo y retracto por parte de la Administración y reforzar programas como PASA, orientado a ofrecer garantías tanto a propietarios como a inquilinos con precios accesibles.
Juntes per l’Habitatge Sur también reclama mecanismos claros para estabilizar y limitar el precio de los alquileres en las zonas consideradas tensionadas. En paralelo, piden una regulación más estricta del alquiler turístico, de temporada y por habitaciones, modalidades que, según denuncian, en numerosas ocasiones sirven para esquivar la normativa vigente y favorecer procesos de expulsión vecinal.
La plataforma considera igualmente necesaria una reforma profunda de la fiscalidad vinculada a la vivienda para penalizar las prácticas especulativas y limitar la concentración de propiedades en pocas manos. A esto suman la petición de cambios en el mercado hipotecario que faciliten el acceso al crédito a las personas trabajadoras mediante hipotecas más transparentes y con mayores garantías para las familias sobreendeudadas.
Entre las reivindicaciones también figura el mantenimiento indefinido de la moratoria de desahucios y la prórroga de contratos de alquiler para evitar situaciones de exclusión residencial y sinhogarismo. Los colectivos convocantes defienden que ninguna persona debería perder su vivienda por no poder asumir el aumento constante de los precios.
La protesta de este sábado vuelve a poner sobre la mesa un debate que lleva tiempo creciendo en ciudades como Alicante, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. Con esta movilización, los organizadores buscan trasladar a las instituciones la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan garantizar el derecho a vivir con estabilidad y dignidad.
