Hay imágenes que se quedan grabadas. Tiendas de campaña bajo un puente, colchones mojados, personas intentando resguardarse de la lluvia con lo poco que tienen mientras el frío cala en los huesos. Así amanecieron durante días decenas de personas en Badalona tras el desahucio del antiguo instituto B9, el mayor asentamiento informal que ha tenido Cataluña en los últimos años.
No es solo una cuestión política o judicial. Es, ante todo, una historia humana. Una historia de personas vulnerables, en su mayoría migrantes, que de un día para otro se quedaron sin techo en pleno invierno, y de una actuación municipal que ha generado una fuerte contestación social y una denuncia penal contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
Un desalojo con una condición que no se cumplió
El desahucio del B9 se ejecutó el pasado 17 de diciembre por los Mossos d’Esquadra, tras una orden judicial que permitía la actuación, pero con una condición muy clara: que se garantizara una alternativa habitacional para las personas afectadas. Sin embargo, cuando las puertas del edificio se cerraron definitivamente, esa alternativa no estaba preparada.
En el B9 habían llegado a vivir cerca de 400 personas en condiciones precarias. En los días previos al operativo, alrededor de la mitad abandonó el recinto ante el aviso del desalojo. El resto, unas 200 personas, fueron expulsadas sin tener a dónde ir. El resultado fue inmediato: decenas de ellas acabaron durmiendo a la intemperie, bajo puentes y en espacios improvisados, soportando lluvia, viento y temperaturas invernales.
La calle como único refugio
Durante días, la escena se repitió. Personas intentando protegerse con tiendas de campaña, mantas húmedas y cartones. La ayuda llegó, pero no desde el Ayuntamiento. Fueron entidades sociales como Cáritas y Cruz Roja las que activaron recursos de emergencia, repartieron alimentos y ofrecieron acompañamiento a quienes no tenían absolutamente nada.
Algunas personas especialmente vulnerables pudieron ser alojadas de forma temporal gracias a la intervención posterior de la Generalitat y de las organizaciones sociales, pero la respuesta fue tardía y claramente insuficiente. Otras muchas quedaron fuera del sistema, dependiendo únicamente de la solidaridad.
Una actitud que ha generado rechazo social
La actitud del alcalde Xavier García Albiol ha sido percibida por muchos como injusta y poco solidaria, especialmente teniendo en cuenta el contexto de frío, lluvia y extrema vulnerabilidad de las personas desalojadas. Lejos de transmitir empatía, el alcalde celebró públicamente el desalojo en redes sociales, calificando a los residentes del B9 como “okupas ilegales” y presentando la operación como un logro político.
Ese discurso ha sido duramente criticado por organizaciones sociales, partidos políticos y defensores de los derechos humanos, que consideran que contribuyó a estigmatizar a los afectados y a alimentar un clima de rechazo. En algunos barrios, incluso se produjeron concentraciones vecinales que impidieron habilitar espacios de emergencia, acompañadas de gritos y actitudes claramente xenófobas, documentadas por varios medios de comunicación.
La denuncia penal y las acusaciones
Todo ello ha desembocado en una denuncia presentada ante la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación de Cataluña por el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens. En ella se atribuyen al alcalde cuatro posibles delitos: prevaricación administrativa, desobediencia a la autoridad judicial, denegación discriminatoria de servicios públicos y delito de odio.
La denuncia sostiene que el Ayuntamiento incumplió de forma consciente la condición judicial que obligaba a ofrecer alternativas habitacionales, y que la actuación municipal, unida al discurso público del alcalde, vulneró derechos fundamentales de las personas desalojadas.
Reacciones políticas e intervención de la Generalitat
La crisis ha provocado un fuerte enfrentamiento político. Desde los Comuns y Esquerra Republicana se ha hablado de “crisis humanitaria” y de una gestión deshumanizada. En el Parlament de Catalunya, la actuación del Ayuntamiento de Badalona ha sido duramente cuestionada.
Ante la presión social y mediática, la Generalitat acabó interviniendo para ofrecer recursos de emergencia a más de un centenar de personas consideradas especialmente vulnerables. Aun así, se reconoce que no todas las personas afectadas pudieron ser reubicadas y que la respuesta llegó tarde, cuando el daño ya estaba hecho.
La mirada internacional
El caso ha traspasado el ámbito local. Expertos de Naciones Unidas en derechos humanos y derecho a la vivienda han condenado el desahucio del B9, advirtiendo de que dejar a personas sin hogar en pleno invierno puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante. También han alertado del peligro de normalizar discursos institucionales que criminalizan la pobreza y la migración.
Una herida social abierta
Hoy, Badalona sigue digiriendo las consecuencias de aquel desahucio. Más allá de lo que determinen los tribunales, el episodio ha dejado una profunda herida social y ha reabierto un debate incómodo: cómo gestionar la emergencia habitacional sin olvidar que detrás de cada desalojo hay personas, historias y vidas que no pueden tratarse como un problema que simplemente se elimina.
Porque, al final, lo que ocurrió bajo aquel puente, entre tiendas mojadas y miradas cansadas, no va solo de leyes y competencias. Va de humanidad.
