La gestión del Vinalopó cuestionada por sindicatos y plataformas ante dudas de priorizar beneficios
Desde hace semanas, Compromís y la Plataforma por la Reversión del Vinalopó han elevado la presión social y política sobre lo que muchos consideran una gestión controvertida del Hospital del Vinalopó, bajo la concesión de Ribera Salud. Las denuncias giran en torno a una cuestión sensible: ¿prioriza esta empresa el beneficio económico por encima de la salud de las personas?
Deuda, beneficios y promesas incumplidas
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Según Compromís, Ribera Salud arrastra una deuda con la administración autonómica estimada en 75 millones de euros dentro del área sanitaria de Elx-Crevillent.
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Esa cifra, advierten, resulta incompatible con la continuidad de la concesión: supone «una falta grave de cumplimiento económico» del contrato original.
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A pesar de ello, Ribera Salud declaró en 2024 808 millones de euros en beneficios a nivel global, lo que ha alimentado la crítica de quienes consideran insostenible que una empresa con beneficios millonarios mantenga deudas con la administración.
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En cuanto a inversiones, al final de la concesión original — 2010–2025 — la empresa reconoció que quedaban 1,6 millones de euros pendientes de invertir.
En marzo de 2025, la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana firmó la prórroga de la gestión privada del hospital hasta 2030. A cambio, Ribera se comprometió a invertir 63,5 millones de euros, ampliar el hospital con 70-100 camas adicionales, y construir un nuevo centro de salud en Crevillent.
Pero para muchos de los que denuncian la gestión, esas promesas — aunque concretas sobre el papel — llegan con una falta de transparencia que las convierte en poco más que buenas intenciones en este momento. Según Compromís, no hay acceso público a las actas de control, indicadores claros de calidad o los detalles de las liquidaciones que justificaron la prórroga.
Voces de alarma: salud vs. beneficio
Las voces críticas han subido de tono en las últimas fechas, especialmente tras darse a conocer un audio atribuido al CEO de Ribera Salud — relacionado con otro hospital del grupo — en el que se sugería aumentar las listas de espera, rechazar tratamientos “no rentables” o reducir actividad asistencial con la finalidad de mejorar cuentas de resultados.
Eso ha reavivado la preocupación: si esas prácticas fueran extrapolables al Hospital del Vinalopó, la salud pública de miles de personas quedaría puesta en entredicho. La Plataforma por la Reversión junto con sindicatos y partidos como Compromís han exigido una auditoría pública, total claridad sobre contratos y liquidaciones, y la reversión del hospital al sistema público.
Más allá del ruido político — que es intenso — hay una demanda ciudadana que me parece esencial: saber con claridad qué se ha invertido, qué deuda real existe, qué indicadores de atención y personal hay, y cómo se garantiza que la prioridad es la salud de las personas, no el beneficio de una empresa.
Porque en juego no está un pleito político: está la salud de miles de familias en Elche, Crevillent y la comarca. Si los compromisos no se traducen en realidades tangibles, los beneficios declarados, la deuda contraída y la lejanía de controles efectivos solo profundizan la desconfianza.
