En los últimos meses, la figura de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha estado en el ojo del huracán a raíz de su actuación durante la DANA de octubre de 2024. Desde aquella tragedia, en la que más de 220 personas perdieron la vida y se registraron graves negligencias en la respuesta a la emergencia, miles de ciudadanos, entidades y organizaciones cívicas han venido reclamando su dimisión. Diversas manifestaciones en Valencia, en universidades y en actos públicos, han alzado la voz con consignas como “Mazón, dimisión”, “asesino” o “culpable”, exigiendo justicia y responsabilidad a un líder cuya gestión ha sido ampliamente criticada.
El incumplimiento y la tardanza en la respuesta, evidenciada por la llegada a la reunión del Comité de Crisis del Cecopi a las 20:28 horas –17 minutos después de enviarse la alerta a las 20:11–, han sido algunos de los reproches más recurrentes. La polémica se agrava ante el hecho de que el presidente se mantuvo ilocalizable durante la crisis, siendo señalado por supuestamente haberse encontrado en un restaurante en compañía de la periodista Maribel Vilaplana. Estos hechos han provocado una ola de indignación en la sociedad valenciana, que se ha manifestado en repetidas ocasiones en la calle, especialmente en Valencia y en instituciones académicas como la Universidad de Alicante, donde pancartas y gritos de “Mazón, dimisión” resonaron durante actos protocolarios.
La oposición política no ha tardado en sumarse a la presión. Figuras de Compromís y del PSPV han calificado la gestión de Mazón de “insuficiente” e “irresponsable”, subrayando que la falta de alertas tempranas y la desorganización en la coordinación de emergencias fueron factores que exacerbaron el desastre. Además, la denuncia de familiares y afectados ha sido contundente, señalando que una alerta temprana podría haber salvado numerosas vidas. Por su parte, el presidente de la Generalitat ha defendido su actuar, culpando en parte al Gobierno central y a la falta de respuesta inmediata de otras instancias, como la UME y la Confederación Hidrográfica, aunque estas explicaciones no han conseguido mitigar la presión popular y las llamadas a su renuncia.
Ante el creciente clamor social, diversas entidades cívicas, sindicatos y organizaciones de víctimas han organizado manifestaciones masivas. Así, una quinta manifestación convocada por más de 200 entidades se realizó en Valencia, mientras que en otros actos la repercusión fue aún mayor, llegando a congregar decenas de miles de personas. Durante estas concentraciones, el ambiente se cargó de tensión, y se mostraron denuncias contra además de Mazón, contra altos cargos de la Generalitat, cuya actuación también quedó cuestionada.
El debate se ha extendido a los medios y a las redes sociales, donde incluso personalidades reconocidas como Jordi Évole han utilizado su plataforma para exigir la dimisión del presidente. En un discurso cargado de ironía y crítica, Évole exclamó: “Que no nos vuelvan a engañar: ¡Mazón, dimisión!” reflejando el sentir de un sector cada vez más impaciente y desencantado con la gestión de la tragedia.
Si bien la Generalitat ha intentado reestructurar su equipo, destituyendo a altos cargos como la consellera Salomé Pradas y el secretario general de Emergencias Emilio Argüeso, estas medidas han sido consideradas por muchos como insuficientes para reparar la imagen y la responsabilidad institucional. Las autoridades locales y los opositores apuntan a la necesidad de una investigación exhaustiva que determine de manera clara las responsabilidades, sin que el presidente Mazón pueda evadir el debate público, especialmente considerando la magnitud del desastre y sus consecuencias sociales y humanitarias.
A la espera de nuevos desarrollos en la causa judicial, el clamor por la dimisión de Carlos Mazón continúa, reflejando una sociedad que exige rendición de cuentas y una verdadera transformación en la gestión de emergencias para garantizar que tragedias similares no se repitan en el futuro.
Raúl Velarde
