El uso reiterado y excesivo del término “supuestamente” en espacios informativos televisivos como Espejo Público, que conduce Susanna Griso en Antena 3, plantea serias dudas sobre la objetividad y la ética informativa de este tipo de programas. Aunque desde un punto de vista legal esta fórmula sirve para protegerse de posibles denuncias por difamación, su utilización sistemática —sobre todo en informaciones de carácter político— puede llegar a desdibujar la línea entre información y opinión disfrazada.
Esta práctica se aplica especialmente en temas sensibles: procesos judiciales abiertos, investigaciones sin sentencia firme, rumores no confirmados o declaraciones sin contrastar. En estos contextos, recurrir constantemente al “supuestamente” no solo cumple una función legal, sino que puede acabar sirviendo de escudo para introducir relatos sin pruebas sólidas, con el agravante de que se presentan como hechos posibles ante una audiencia masiva.
El problema se agrava cuando estas informaciones carecen de respaldo documental, no incluyen réplica de las partes afectadas ni contraste con fuentes fiables, lo que convierte la fórmula del “supuestamente” en una herramienta que condiciona la opinión pública de forma sesgada. En programas como Espejo Público, esta fórmula parece utilizarse con una clara asimetría: se recurre a ella con mayor frecuencia dependiendo del partido o la figura política afectada.
Esto podría interpretarse como una forma encubierta de favorecer a ciertos sectores políticos en detrimento de otros, sin que el espectador reciba el contexto completo o verificado de los hechos. La información así tratada no es neutra, aunque se vista de precaución legal.
“El uso reiterado del término ‘supuestamente’ por parte de Susanna Griso y su equipo en Espejo Público, especialmente al referirse a figuras políticas, puede interpretarse como una herramienta discursiva que permite lanzar acusaciones sin asumir responsabilidad directa, lo que en ciertos contextos podría favorecer un enfoque partidista supuestamente disfrazado de neutralidad informativa.”
En definitiva, lo que en origen es un recurso legal legítimo puede acabar siendo una coartada retórica para introducir mensajes partidistas, sin asumir las consecuencias ni ofrecer al espectador las garantías mínimas del periodismo profesional. Si se aspira a una ciudadanía bien informada, los medios deben comprometerse con la verdad verificada y la responsabilidad ética, más allá de fórmulas que les protegen legalmente, pero degradan la calidad democrática del debate público.
Raúl Velarde
Fotografías: OpenAi
