Hay noticias que, aunque duren apenas unas horas en los titulares, dejan una sensación incómoda en muchos ciudadanos. La detención del humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, es uno de esos casos que generan sorpresa y muchas preguntas cuando se conoce la noticia antes que las explicaciones.
Quiero dejar claro desde el principio que esta reflexión no pretende valorar la actuación policial ni cuestionar una decisión judicial cuyo contenido desconozco. Tampoco corresponde a un periodista convertir una detención en una condena anticipada. Precisamente ahí está una de las claves del problema: en un Estado de derecho nadie debería ser considerado culpable antes de que exista una resolución judicial.
Pero también es cierto que, cuando una persona conocida es detenida y durante un tiempo no se explican públicamente las razones, una parte de la sociedad siente desconcierto. Y ese desconcierto no nace necesariamente de cuestionar a jueces o policías, sino de una sensación cada vez más extendida: la falta de comprensión sobre cómo funcionan determinados procedimientos judiciales.
En este caso, según la información conocida, la intervención policial se produjo en Salamanca por una requisitoria judicial emitida por un juzgado de Madrid. Es decir, una orden judicial que la Policía debe ejecutar. Los agentes no deciden la responsabilidad de nadie; simplemente cumplen una decisión adoptada por un juez.
Pero para muchos ciudadanos la palabra «detención» tiene una enorme carga emocional. Se interpreta como algo grave, definitivo, casi como una declaración de culpabilidad, aunque jurídicamente no sea así.
Y aquí aparece uno de los grandes retos de la Justicia actual: explicar mejor sus procedimientos.
La confidencialidad de las actuaciones judiciales, la protección de la intimidad y la presunción de inocencia son garantías fundamentales que deben respetarse. No todo puede hacerse público inmediatamente, ni debe convertirse cualquier actuación judicial en un espectáculo informativo.
Sin embargo, también creo que las instituciones tienen un importante trabajo pendiente en materia de comunicación y pedagogía. Cuando la ciudadanía no entiende por qué ocurre algo, ese espacio vacío suele llenarse con rumores, opiniones enfrentadas y conclusiones precipitadas.
La Justicia necesita independencia, pero también necesita cercanía. Necesita mantener sus garantías, pero también explicar mejor sus decisiones.
Porque una sociedad democrática no puede funcionar únicamente con leyes y procedimientos; necesita ciudadanos que comprendan cómo funcionan esas leyes y esos procedimientos.
Lo ocurrido con esta detención vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que considero fundamental: la confianza en las instituciones no solo depende de que estas actúen correctamente, sino también de que sean capaces de explicar sus actuaciones.
No se trata de pedir juicios paralelos ni información que pueda vulnerar derechos. Se trata de algo mucho más sencillo: que la ciudadanía pueda entender que detrás de una actuación judicial hay unas reglas, unos tiempos y unas garantías.
La Justicia no debe buscar únicamente ser justa; también debe conseguir que los ciudadanos perciban que lo es.
Porque cuando la falta de información genera dudas, la confianza empieza a debilitarse. Y recuperar esa confianza siempre será mucho más difícil que conservarla.
Paco Ciclón / Testigo de nuestras historias cotidianas / AFPRESS
