Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche a una mujer de 56 años sobre la que pesaba una Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE), emitida por las autoridades judiciales de Portugal. La mujer está acusada de haber cometido 122 delitos de falsificación documental y de pertenecer a una asociación ilícita.
La arrestada fue identificada cuando acudió a la Comisaría de la Policía Nacional en Elche para realizar un trámite administrativo de renovación de documentación. Fue en ese momento cuando los agentes del servicio de documentación, al revisar sus datos, advirtieron la posible existencia de una requisitoria internacional. Ante la sospecha, alertaron a la Brigada de Policía Judicial, que procedió a realizar las comprobaciones pertinentes en las bases de datos policiales. La investigación confirmó que la mujer era objeto de una OEDE activa desde 2015 emitida por las autoridades portuguesas.
La causa que motiva la orden de detención se remonta a una investigación desarrollada entre los años 2006 y 2009 en Portugal, en la que se detectaron múltiples fraudes relacionados con la falsificación de documentos oficiales. Según la sentencia emitida por las autoridades portuguesas, la detenida habría participado de forma sistemática en la transformación ilegal de permisos de conducir de terceros países, que convertía fraudulentamente en permisos portugueses, eludiendo los requisitos legales y manipulando la documentación oficial.
Además, la mujer habría participado en una red dedicada a obtener de manera ilícita permisos de residencia para personas en situación irregular en Portugal. Para ello, se falsificaban visados de estancia, permisos de residencia y certificados médicos, así como otros documentos oficiales emitidos en el país luso basándose en declaraciones falsas y documentación previamente manipulada.
La actuación de la detenida no era individual. Según la resolución judicial portuguesa, formaba parte de una estructura organizada junto a otras personas, lo que ha motivado también la imputación por el delito de pertenencia a asociación ilícita. En total, se le atribuyen 122 delitos de falsificación documental, además de la acusación por su implicación en esta red criminal organizada.
Tras su detención, los agentes de la Policía Nacional instruyeron las correspondientes diligencias y pusieron a la mujer a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, competente en la gestión de procesos de extradición en el ámbito de la Unión Europea.
