El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha un nuevo trámite específico con el objetivo de agilizar la atención ciudadana ante el notable aumento de solicitudes derivadas del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras aprobado por el Gobierno de España.
La nueva gestión, denominada “Solicitud de certificado de vulnerabilidad para regularización de personas extranjeras”, ya está disponible tanto a través de la sede electrónica municipal como de forma presencial en las oficinas habilitadas. Este documento resulta necesario para aquellas personas que deban acreditar su situación de vulnerabilidad dentro del procedimiento estatal de regularización.
Desde la puesta en marcha de este proceso, la presión sobre los servicios municipales ha crecido de forma muy significativa. Solo durante los primeros quince días del mes de abril, las solicitudes de certificados de empadronamiento han aumentado un 40%, alcanzando un total de 2.464 peticiones. Además, las Oficinas Municipales de Atención Ciudadana (OMAC) llegaron a atender 1.800 personas en una sola jornada, reflejo del elevado volumen de demanda que vive la ciudad.
El alcalde de Elche, Pablo Ruz Villanueva, ha explicado que el consistorio está asumiendo la tramitación de este procedimiento en un plazo muy reducido y con una elevada carga administrativa. En sus palabras, el Ayuntamiento está afrontando “un volumen muy elevado de solicitudes en muy poco tiempo”, al tiempo que ha subrayado que esta gestión ha sido trasladada a los municipios sin la planificación previa ni la dotación de recursos suficientes.
Con el objetivo de reducir la presión asistencial en las OMAC y mejorar la atención a la ciudadanía, el nuevo trámite permitirá canalizar de forma más ordenada las solicitudes relacionadas con el certificado de vulnerabilidad. Una vez presentada la petición, esta será remitida a la Oficina de Atención a Personas Migradas PANGEA, desde donde se contactará con los solicitantes para concertar una entrevista personal previa a la emisión del certificado.
Este procedimiento está dirigido, por un lado, a personas solicitantes de protección internacional anteriores al 1 de enero de 2026 y, por otro, a personas en situación administrativa irregular que puedan acreditar su estancia en España antes de esa misma fecha. En este último supuesto, deberán cumplir al menos uno de los requisitos establecidos: haber trabajado en España, contar con unidad familiar con hijos menores o acreditar una situación de vulnerabilidad social.
La activación de este nuevo trámite llega en un momento especialmente delicado para los servicios municipales, después de varios días marcados por largas colas y una fuerte saturación en distintos puntos de atención de la ciudad, especialmente en el entorno de Carrús y la oficina PANGEA.
Desde el Ayuntamiento se insiste en que esta reorganización busca ofrecer una respuesta más ágil y humana a quienes necesitan iniciar cuanto antes su proceso de regularización.
