El coste del ciberataque al Ayuntamiento de Elche supera los cuatro millones de euros
El ciberataque que golpeó al Ayuntamiento de Elche ha dejado una huella mucho más profunda de lo que parecía en un principio. La cifra ya no es una estimación ni un rumor: 4,5 millones de euros se han presupuestado oficialmente como gasto extraordinario para reparar los daños sufridos y restablecer la normalidad en los sistemas municipales.
Ese importe no se limita a sustituir equipos o pagar licencias de software. Detrás hay un proceso complejo que incluye la reconstrucción de servicios esenciales, la contratación de especialistas, la protección reforzada de datos, el pago de facturas retenidas y la reactivación completa de la administración digital. Cada euro refleja una parte de la cadena que se rompió aquel día en agosto cuando los servidores municipales fueron atacados.
Durante semanas, las oficinas del Ayuntamiento trabajaron a medio gas. Se tramitaron nóminas a mano, los expedientes quedaron paralizados y muchas gestiones tuvieron que aplazarse. El regreso a la normalidad ha sido progresivo, y aunque la mayor parte de los sistemas ya está operativa, el esfuerzo económico y técnico sigue siendo enorme.
El ataque informático afectó directamente a 52 equipos municipales y obligó a aislar o desconectar más de 1.500 dispositivos para evitar la propagación. Algunas áreas críticas, como la nube de gestión municipal, resultaron gravemente dañadas, lo que ha dificultado el rescate completo de datos.
Nada más detectarse el incidente, el Ayuntamiento activó un Comité de Crisis, coordinando su respuesta junto al Centro Criptológico Nacional, el CSIRT-CV y otros organismos estatales especializados en ciberseguridad. Gracias a su intervención, los sistemas pudieron estabilizarse y se comenzaron a recuperar progresivamente los servicios bajo redes seguras provisionales.
Pero más allá de la tecnología, este episodio ha puesto a prueba el lado más humano de la administración pública. Decenas de trabajadores vieron cómo, en cuestión de segundos, desaparecían las herramientas con las que desempeñaban su labor diaria. También miles de ciudadanos se vieron afectados por retrasos, citas pospuestas o documentos bloqueados.
El esfuerzo de recuperación, que ahora tiene una cifra clara, implica no solo inversión económica, sino también transparencia y responsabilidad institucional. Cada paso deberá auditarse, justificarse y comunicarse con claridad para reforzar la confianza ciudadana.
Porque esta no es una factura meramente económica. Es una lección sobre la importancia de la seguridad digital, la resiliencia administrativa y la necesidad de proteger lo público con la misma firmeza con la que se protege la información de cada persona.
