Alicante vive un terremoto político y social que ha encendido los ánimos de miles de familias que llevan años esperando acceder a una vivienda digna. Lo que debería ser un mecanismo de justicia social —el acceso a viviendas de protección pública (VPP)— se ha convertido en motivo de indignación tras confirmarse que altos cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas vinculadas a la gestión municipal han obtenido pisos protegidos en la exclusiva zona de Playa de San Juan, precisamente donde el mercado inmobiliario es más inaccesible para quienes más lo necesitan.
La polémica estalló cuando se conoció que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), un arquitecto municipal y familiares directos de una alta funcionaria del Ayuntamiento resultaron adjudicatarios de varias de estas viviendas protegidas en la promoción Residencial Les Naus. Se trata de inmuebles valorados en alrededor de 200 000 €, casi la mitad de lo que valen en la zona de La Condomina, pero cuyo acceso debería priorizar a personas y familias con rentas limitadas y situaciones de verdadera necesidad.
Para muchas asociaciones vecinales y colectivos sociales, esta situación supone una bofetada directa a quienes llevan años en listas de espera, luchando por poder garantizar un hogar a sus hijos o para poder continuar en su ciudad sin tener que marcharse. Lo que resulta especialmente alarmante es que las adquisiciones parecen responder más a un ánimo de negocio o rentabilidad personal que a una necesidad familiar legítima, algo que profundiza la sensación de injusticia entre la ciudadanía.
El escándalo ya ha tenido consecuencias políticas y judiciales. Rocío Gómez ha presentado su dimisión como concejala de Urbanismo, y junto a ella también ha renunciado la directora general de Contratación Pública del Ayuntamiento, después de que se difundiera que ella y varios de sus familiares también estaban entre los adjudicatarios.
El Ayuntamiento de Alicante, dirigido por el alcalde Luis Barcala (PP), ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía para aclarar si ha habido irregularidades en el proceso de adjudicación, alegando que las competencias de investigación respecto a estas viviendas no recaen íntegramente en el consistorio sino en las instancias judiciales y otros organismos.
La presión política también es intensa: el PSPV ha denunciado ante la Fiscalía hasta cinco posibles delitos vinculados a este reparto de viviendas, mientras que otros grupos de la oposición han solicitado que se revise el acceso a cada una de las viviendas adjudicadas para comprobar si efectivamente se están utilizando como domicilio habitual o si se han destinado a fines especulativos.
Además, la Generalitat Valenciana ha abierto expedientes disciplinarios a funcionarios implicados en el visado de estas adjudicaciones, incluido uno suspendido de empleo y sueldo por tramitar favorablemente la compra de una vivienda protegida a su propia esposa, lo que ha generado aún más inquietud sobre la transparencia y los controles en estos procesos.
Este caso no solo ha puesto en evidencia posibles fallos en los mecanismos de adjudicación de viviendas públicas, sino también la profunda fractura entre las políticas de vivienda y las necesidades reales de la población alicantina, donde la falta de acceso a vivienda asequible es una de las principales preocupaciones sociales.
