La convocatoria de una manifestación “cívica” por parte del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para denunciar lo que califica como “Gobierno mafioso” choca frontalmente con la historia judicial del partido que representa, salpicado durante décadas por múltiples tramas de corrupción con decenas de condenas firmes, investigaciones abiertas y penas de prisión.
La reciente convocatoria por parte de Alberto Núñez Feijóo de una manifestación en Madrid contra el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez, al que ha llegado a calificar de “mafia institucional”, ha generado una fuerte oleada de reacciones políticas, sociales y mediáticas. La paradoja se hace evidente: el líder de un partido históricamente vinculado a algunas de las mayores tramas de corrupción en democracia, acusa de mafiosos a sus adversarios políticos en nombre de la ética institucional.
El Partido Popular, hoy presidido por Feijóo, no es ajeno al escrutinio judicial. Desde Gürtel hasta Kitchen, pasando por Lezo, Púnica, Taula o Palma Arena, más de veinte grandes causas judiciales han afectado de forma directa a sus estructuras, altos cargos, dirigentes autonómicos y tesoreros. Decenas de condenas firmes y penas de prisión han consolidado una imagen de partido vinculado estructuralmente a la corrupción, a pesar de los intentos reiterados de desvincular al actual liderazgo de estos hechos.
Una historia judicial que no se puede ocultar
Feijóo intenta proyectar una imagen de renovación, pero la hemeroteca y la justicia no entienden de discursos. Basta recordar que:
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El caso Gürtel dejó tras de sí una sentencia demoledora del Tribunal Supremo que acreditó la existencia de una caja B durante más de 20 años, gestionada por el PP, utilizada para financiar campañas electorales y pagar sobresueldos.
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El caso Kitchen reveló una operación parapolicial orquestada desde el Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz para espiar al extesorero del partido, Luis Bárcenas, y destruir pruebas comprometedoras.
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El propio Luis Bárcenas y otros ex altos cargos del PP han sido internados en la prisión de Alcalá Meco, junto a empresarios y asesores vinculados a estas redes.
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El caso Púnica, aún en instrucción, señala a figuras relevantes como Francisco Granados o Esperanza Aguirre en tramas de corrupción sistémica.
Este bagaje convierte la manifestación en una jugada arriesgada, que invita inevitablemente a la comparación entre el mensaje y el mensajero. Cuando quien denuncia “corrupción institucional” lidera una formación que ha sido condenada como partícipe a título lucrativo de una red de saqueo de dinero público, el mensaje corre el riesgo de deslegitimarse a sí mismo.
El pasado que acompaña al propio Feijóo
A esto se suma el polémico pasado personal de Feijóo, cuya amistad con el contrabandista gallego Marcial Dorado, condenado por narcotráfico, quedó al descubierto en una serie de fotografías en las que ambos aparecen disfrutando de vacaciones juntos en la década de los 90. Aunque Feijóo asegura que desconocía entonces la actividad delictiva de Dorado, el hecho generó una mancha imborrable que sus oponentes y parte de la ciudadanía no han olvidado.
¿Protesta ética o estrategia política?
La manifestación convocada por Feijóo en el centro de Madrid se presenta como un acto “cívico” en defensa de la Constitución y la separación de poderes. Sin embargo, su tono y los mensajes previos (acusar al Gobierno de “mafioso”, “ilegítimo” y “antidemocrático”) han despertado inquietud en sectores que interpretan este movimiento como un intento de agitación más que de movilización democrática.
Además, el uso reiterado del término “mafia” por parte del PP en redes y declaraciones contrasta con los pronunciamientos judiciales sobre su propia historia reciente. Un repaso a los titulares de los últimos 15 años hace difícil sostener una superioridad moral sin caer en la contradicción:
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“El PP, condenado por beneficiarse de la trama Gürtel” (Audiencia Nacional, 2018)
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“Anticorrupción acusa al PP de obstruir la investigación del caso Kitchen”
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“Feijóo, de vacaciones con un narcotraficante condenado”
El peligro de la desmemoria
En democracia, la crítica al Gobierno es legítima, pero no puede desvincularse de la autocrítica ni de la memoria. Convocar una manifestación contra la corrupción sin haber asumido ni depurado todas las responsabilidades propias puede tener un efecto bumerán. Lejos de fortalecer la alternativa, puede profundizar en la desconfianza general hacia la política como espacio de representación.
Como señala un analista de la Universidad Complutense, “en política no basta con parecer limpio, hay que serlo, y cuando las hemerotecas son tan abultadas, los actos simbólicos deben venir precedidos de gestos claros de regeneración, no de negación del pasado”.
Conclusión
La manifestación convocada por Alberto Núñez Feijóo llega en un momento de alta tensión política, pero también de escasa coherencia narrativa. Hablar de mafias sin haber roto con los tentáculos propios del pasado judicial del PP genera más preguntas que apoyos.
La ciudadanía, más informada que nunca, observa con escepticismo los discursos que apelan a la ética sin antes limpiar la propia casa. El riesgo para el PP es evidente: que la convocatoria acabe actuando como un espejo donde se refleje, con crudeza, su propia historia.
Raúl Velarde
Fotografías: OpenAi
