El emblemático paraje de playa Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), se encuentra en el centro de una polémica urbanística y legal. Las concesiones que permitieron la construcción de viviendas junto al mar –iniciadas hace casi un siglo– quedaron sin renovarse en 2018, desencadenando ahora un proceso de derribo inminente.
Las estructuras, levantadas entre los años treinta y cuarenta sobre la duna sin cimientos sólidos, se han erosionado peligrosamente, al punto de que el mar golpea directamente sus fachadas . En 2023, el Tribunal Supremo avaló el fin de la prórroga y confirmó que no cabe prórroga adicional.
El cronómetro está en marcha: el 15 de septiembre está marcada como fecha para el desalojo y derribo de las primeras sesenta viviendas, según notificaciones oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica . Algunos propietarios han negociado su salida, pero muchos confían en dos últimas opciones: la recién aprobada Ley de Costas de la Generalitat Valenciana, y la tramitación estatal que permitiría reformar la normativa federal .
La nueva ley valenciana permitirá a la Generalitat ordenar el litoral, aunque el Estado aún debe otorgar esas competencias. Por su parte, la reforma de la Ley de Costas en el Congreso, propuesta por el PP, ha sido aceptada a trámite, aunque sin garantías de que prospere .
Muchos residentes piden atención especial a las personas mayores que viven allí. Según la Asociación Guardamar Playa, varios vecinos conserven esperanzas pese al barricada legal.
En ejercicios anteriores, eliminación de viviendas afectadas por la erosión en 2016 y 2021 generó 120 metros ganados de playa sin necesidad de demolición masiva .
El debate político se intensifica. El president Mazón defendió en mayo una ley autonómica para proteger núcleos costeros singulares, mientras que voces críticas advierten que la legislación autonómica no sustituye la estatal, que sigue limitando expropiaciones sin indemnización.
Guardamar se enfrenta así a una encrucijada: aplicación estricta de la legalidad, protección medioambiental frente a las casas centenarias, y un último asalto legal cargado de implicaciones sociales y patrimoniales.
Imágenes: OpenAi
