La histórica etapa del peaje de la AP-7 en la Circunvalación de Alicante llega este martes 7 de julio a su punto final. La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, hace efectivos desde hoy los despidos de las 30 personas que hasta ahora trabajaban en estas instalaciones, después de culminar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado tras la supresión del peaje.
La decisión pone fin a un proceso que comenzó tras la liberación de esta infraestructura «por interés general», acordada por el Consejo de Ministros el pasado año. Desde entonces, la plantilla ha permanecido durante más de un año encadenando expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), mientras se resolvía el futuro definitivo de los trabajadores.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha mostrado su rechazo al desenlace del proceso y considera que las condiciones pactadas para la salida de la plantilla no compensan el perjuicio sufrido durante los últimos meses.
Un ERE condicionado por el carácter público de la empresa
Según explica el sindicato, la negociación del Expediente de Regulación de Empleo ha estado marcada por la condición de empresa pública de SEITT. Al depender directamente de la Administración General del Estado, las indemnizaciones y compensaciones económicas debían ajustarse a los límites autorizados por el Ministerio de Hacienda, reduciendo el margen de negociación entre empresa y representantes de los trabajadores.
CCOO lamenta tanto la postura mantenida por el Ministerio de Hacienda como por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al entender que las condiciones acordadas distan de las que habitualmente se alcanzan en expedientes de despido colectivo que no responden a causas económicas.
Indemnizaciones que el sindicato considera insuficientes
Finalmente, las personas afectadas percibirán la indemnización mínima prevista por la legislación vigente para este tipo de expedientes: 20 días de salario por año trabajado con un máximo de doce mensualidades, a la que se añade un complemento económico cuya cuantía media ronda los 7.500 euros por trabajador.
Desde CCOO consideran que estas cantidades no compensan el perjuicio acumulado durante los 16 meses de ERTE que ha soportado la plantilla, un periodo durante el cual los trabajadores consumieron parte de sus prestaciones por desempleo mientras la empresa defendía que la eliminación de las barreras de peaje tenía inicialmente carácter provisional.
El sindicato reconoce que, sin el acuerdo alcanzado, la empresa únicamente habría abonado la indemnización mínima legal, sin ningún complemento adicional.
Sin recolocaciones ni ayudas para facilitar la continuidad laboral
Otra de las principales críticas formuladas por CCOO se centra en la ausencia de medidas que facilitaran la continuidad laboral de las personas afectadas.
Según denuncia la organización sindical, SEITT no aceptó la posibilidad de estudiar recolocaciones en otras empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes, ni permitió traslados a otros centros cuando estos implicaban una mejora de categoría profesional.
Asimismo, tampoco se autorizó la contratación de una empresa especializada en recolocación laboral que acompañara a la plantilla durante el proceso de búsqueda de empleo, ni se contemplaron compensaciones económicas por cambio de residencia para quienes aceptaran traslados voluntarios a otros destinos situados en diferentes comunidades autónomas.
Pendiente la corrección de la brecha salarial
CCOO denuncia igualmente que el despido colectivo se produce sin que se haya corregido la brecha salarial detectada en el diagnóstico del Plan de Igualdad de la empresa.
Según el sindicato, las categorías profesionales vinculadas a la actividad del peaje continúan afectadas por diferencias salariales por razón de género, una situación que sigue pendiente de negociación y que, a juicio de la organización, deja sin resolver una reivindicación importante para parte de la plantilla que hoy pierde definitivamente su empleo.
Con la extinción de estos contratos concluye también la actividad laboral en uno de los peajes históricos de la AP-7 en la provincia de Alicante, cuya eliminación supuso la desaparición del cobro a los usuarios, pero también el cierre definitivo de este centro de trabajo.
