La educación pública valenciana volvió este martes a la calle con un mensaje muy claro: la paciencia del sector se ha agotado. Docentes, personal de Atención Educativa y trabajadores de Administración y Servicios secundaron la jornada de huelga convocada por la plataforma sindical para reclamar mejoras laborales, más recursos y una negociación que, según denuncian, sigue sin arrancar de verdad.
Desde CCOO PV Educació aseguran que el seguimiento de la protesta alcanzó el 80% entre el personal convocado, un dato con el que quieren evidenciar el malestar creciente en los centros educativos de la Comunitat Valenciana. La Conselleria, por su parte, rebajó esa cifra, aunque la movilización volvió a poner sobre la mesa un conflicto que lleva meses enquistado.
La secretaria general de la Federació d’Educació de CCOO PV, Xelo Valls, fue contundente al valorar la situación. Según explicó, las reivindicaciones que hoy siguen defendiendo los sindicatos son exactamente las mismas que ya se plantearon el pasado 25 de septiembre. Es decir, han pasado más de seis meses y, a juicio del sindicato, la negociación continúa prácticamente bloqueada.
Y eso, en un contexto como el actual, no es un detalle menor. La comunidad educativa viene reclamando desde hace tiempo mejoras que afectan directamente al día a día de las aulas: menos alumnado por clase, más profesorado, más personal de apoyo, condiciones salariales dignas y una red de infraestructuras que responda a las necesidades reales de los centros.
La hoja de ruta planteada por la plataforma sindical —respaldada por cuatro de los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial— pivota sobre varios ejes muy concretos. El primero es la recuperación salarial, con la exigencia de recuperar poder adquisitivo, restablecer las pagas extraordinarias completas e incorporar una cláusula de revisión ligada al IPC.
A eso se suma la reducción de ratios, una de las demandas más repetidas por el profesorado en los últimos años. Menos alumnos por aula, sostienen, significa más atención individualizada, más capacidad de respuesta educativa y mejores condiciones tanto para enseñar como para aprender.
Otro de los puntos centrales es la dotación de personal. Los sindicatos reclaman recuperar profesorado recortado y cubrir con agilidad todas las plazas y sustituciones, no solo del personal docente, sino también del PAE y del PAS, perfiles fundamentales para el funcionamiento diario de los centros y para sostener la inclusión educativa.
Precisamente la inclusión y la enseñanza en valenciano forman parte también de ese paquete de reivindicaciones. Desde la plataforma consideran que no se puede hablar de una educación pública de calidad si no se refuerzan los recursos humanos necesarios para atender la diversidad del alumnado y consolidar un modelo educativo con capacidad real de respuesta.
A ello se añade una demanda clásica, pero todavía pendiente en muchos puntos del territorio: un plan serio de infraestructuras educativas. Porque más allá de los grandes anuncios, la realidad de muchos centros sigue marcada por necesidades materiales, carencias de espacio o instalaciones que no siempre están a la altura de lo que requiere una enseñanza pública moderna y bien dotada.
Uno de los momentos más duros de la jornada llegó con las críticas de Xelo Valls a la última Mesa Sectorial celebrada el 26 de marzo. Según denunció, la Conselleria presentó un documento de diez puntos que, lejos de abrir una negociación efectiva, fue interpretado por los sindicatos como una simple declaración de intenciones sin concreción real. La propia convocatoria oficial de esa reunión recogía como punto principal el “inicio de la negociación para la mejora de las condiciones laborales del profesorado”, pero las organizaciones sindicales sostienen que ese arranque todavía no se ha traducido en propuestas tangibles.
La crítica principal no se centra solo en las palabras, sino en la ausencia de cifras. Desde CCOO PV Educació lamentan que la Administración no haya acompañado sus planteamientos con partidas económicas, plazos ni compromisos verificables. En otras palabras: el problema ya no es únicamente qué se promete, sino qué se está dispuesto a financiar.
Por eso, la convocatoria de huelga del 31 de marzo ha sido entendida por los sindicatos como algo más que una protesta puntual. Es una advertencia política y sindical. De hecho, desde el propio ámbito sindical ya se ha deslizado que, si no hay avances reales en las próximas semanas, el conflicto podría ir a más antes de que termine el curso.
La próxima fecha marcada en rojo es el 16 de abril, cuando está prevista una nueva reunión. Sin embargo, la desconfianza es evidente. Los sindicatos denuncian que ese encuentro no servirá todavía para cerrar medidas concretas, sino para hablar del propio calendario de negociación. Y ahí está precisamente una de las claves del enfado: sienten que la Conselleria sigue ganando tiempo mientras los problemas siguen instalados en las aulas.
El mensaje final que traslada CCOO PV Educació a la Administración autonómica y al secretario autonómico, Daniel McEvoy, no deja mucho margen para la interpretación. El sector educativo no quiere más gestos, ni más frases bienintencionadas, ni más reuniones sin contenido. Lo que reclama es una negociación real, con propuestas encima de la mesa, presupuesto detrás y voluntad política para reforzar la educación pública valenciana. Y, a tenor de lo visto este 31 de marzo, esa exigencia ya no suena a aviso: suena a ultimátum.
