Cuando una persona ocupa la Presidencia de la Generalitat, cualquier desplazamiento relevante deja de ser un asunto estrictamente privado para convertirse, inevitablemente, en una cuestión de interés público. No porque un presidente no tenga derecho a disfrutar de su tiempo libre, sino porque la ciudadanía tiene derecho a conocer con absoluta claridad si ese viaje ha estado condicionado por el cargo que ocupa y quién ha asumido realmente los gastos.
La asistencia del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a la final del Mundial de fútbol disputada el pasado fin de semana en el área de Nueva Jersey ha abierto un intenso debate político que este martes ha llegado a Les Corts Valencianes. Lo que comenzó como una explicación sobre un viaje «a título personal» se ha convertido en una discusión sobre transparencia, ejemplaridad y rendición de cuentas.
El origen de la controversia no es únicamente que el presidente viajara a Estados Unidos para asistir a uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año. La cuestión que centra todas las miradas es otra: cómo obtuvo la invitación para acceder al estadio y quién pagó exactamente el viaje y la estancia.
Desde Presidencia se ha mantenido la misma versión desde que trascendió el desplazamiento. El viaje, sostienen, fue privado. Los gastos de avión y alojamiento fueron abonados por el propio Pérez Llorca, mientras que la entrada al partido fue facilitada por la Real Federación Española de Fútbol dentro de sus invitaciones institucionales. La propia RFEF ha confirmado que extendió invitaciones a distintas personalidades, además de representantes políticos, periodistas, diplomáticos y otras figuras públicas.
Sin embargo, la oposición considera que siguen existiendo preguntas sin responder.
Compromís, a través de Joan Baldoví, ha solicitado públicamente que el president muestre las facturas del vuelo y del alojamiento para acreditar que fueron abonadas por él personalmente. Además, el dirigente valencianista planteó la duda de si alguna empresa relacionada con el entorno del secretario autonómico de Comunicación, Vicente Ordaz, pudo asumir esos costes, aunque sin aportar pruebas que respalden esa sospecha.
La respuesta de Ordaz fue inmediata y contundente. El secretario autonómico aseguró haber pagado personalmente todos sus gastos de desplazamiento y alojamiento, afirmó que la Federación le invitó igualmente a la entrada y anunció que se reserva acciones legales al considerar completamente falsas las insinuaciones realizadas sobre él o sobre su familia.
Por su parte, el PSPV ha puesto el foco en una aparente contradicción. Si el viaje era estrictamente privado, sostienen los socialistas, la invitación a una entrada de tan alto valor económico habría llegado precisamente por ocupar la Presidencia de la Generalitat. Por ese motivo han registrado solicitudes de documentación para conocer oficialmente cómo se produjo la invitación de la Federación y si existió algún gasto sufragado con recursos públicos.
Desde el Partido Popular, la respuesta ha sido clara y reiterada. El portavoz parlamentario Fernando Pastor insiste en que el viaje «ha costado cero euros a los valencianos» y que no ha supuesto ningún desembolso para las arcas públicas. El dirigente popular ha evitado pronunciarse sobre quién abonó exactamente determinados aspectos del desplazamiento, limitándose a reiterar que el dinero público no ha sido utilizado.
Mientras tanto, Vox ha optado por mantenerse al margen de la polémica, evitando cuestionar el viaje y centrando su discurso en la negociación de los presupuestos autonómicos que se debaten estos días en Les Corts.
Más allá del enfrentamiento entre partidos, hay una reflexión que merece hacerse con serenidad.
La transparencia no debería entenderse como una obligación incómoda, sino como la mejor herramienta para evitar cualquier sospecha. Cuando un presidente asegura que un viaje ha sido sufragado íntegramente con recursos propios, la manera más sencilla de zanjar el debate consiste en acreditar documentalmente esa afirmación. Hacer públicas las facturas, si así se decide, no sería una concesión a la oposición, sino un gesto de normalidad democrática.
También conviene diferenciar hechos de sospechas. A día de hoy no existe ninguna prueba pública que demuestre que una empresa privada financiara el desplazamiento del president o de su equipo. Del mismo modo, tampoco consta que se haya utilizado dinero público para sufragar el viaje. Lo que existe son preguntas políticas, solicitudes de documentación y explicaciones enfrentadas que previsiblemente seguirán marcando el debate parlamentario durante los próximos días.
En una época en la que la confianza ciudadana hacia las instituciones atraviesa momentos delicados, la mejor respuesta casi siempre es la misma: más información, más transparencia y menos espacio para las dudas. Porque cuando quien ocupa el máximo cargo de una administración actúa con absoluta claridad, las polémicas suelen durar mucho menos que los titulares.
