Hay movimientos políticos que dicen mucho más de un dirigente que una rueda de prensa o un discurso en Les Corts. Y lo que ha hecho ahora Carlos Mazón con la causa judicial de la DANA en Catarroja entra de lleno en esa categoría.
Después de meses marcados por las dudas, la presión pública y las preguntas que todavía siguen sin respuesta sobre lo ocurrido durante la tragedia del 29 de octubre de 2024, el expresident de la Generalitat intentó ahora dar un paso más dentro del procedimiento judicial. No para comparecer como investigado porque así lo haya decidido un juzgado, sino para pedir él mismo personarse en la causa. Y la respuesta de la jueza ha sido un portazo en toda regla.
La magistrada que instruye la causa en Catarroja ha rechazado su solicitud y lo ha hecho con una frase que, por sí sola, retrata la maniobra: la petición de Mazón carece de “sustento procesal o fáctico”. Traducido a un lenguaje más llano: no había base jurídica ni hechos que justificaran ese movimiento.
Lo relevante no es solo el rechazo. Lo importante es lo que ese rechazo deja al descubierto. Porque Mazón pretendía acceder al procedimiento cuando la jueza ya le ha dejado claro cuál es su papel: testigo. No investigado. No acusado. Testigo. Y desde esa posición, según la instructora, no puede pedir personarse como si estuviera siendo formalmente investigado.
Y aquí está el verdadero problema político. Porque en lugar de asumir con claridad su posición procesal y colaborar sin rodeos con la justicia, la sensación que deja este paso de Mazón es la de quien quiere jugar a dos bandas: por un lado, mantener el relato de que no tiene responsabilidad penal; por otro, intentar entrar en la causa para mirar, controlar y anticiparse a lo que pueda venir.
No es un detalle menor. En una investigación tan delicada como esta, en la que se intenta aclarar la gestión institucional de una tragedia que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, cada movimiento importa. Y cuando quien fue la máxima cara política de la Generalitat durante aquella emergencia trata de ganar terreno dentro del procedimiento sin que la jueza le reconozca ese derecho, lo mínimo que genera es desconfianza.
Mazón se ha justificado diciendo que quiere defender sus intereses y saber si se le sigue investigando. Es una explicación que, políticamente, suena más a táctica que a transparencia. Porque si de verdad lo que se busca es claridad, la vía más limpia no pasa por forzar una personación que la jueza ha considerado improcedente, sino por comparecer, responder y colaborar sin escenificaciones.
Además, la magistrada no solo rechaza la petición, sino que insiste en algo muy básico que conviene no perder de vista: si Mazón declara como testigo, tiene obligación de decir la verdad. Y esa frase, que en cualquier procedimiento es casi rutinaria, aquí pesa mucho más. Pesa porque esta causa no gira alrededor de una disputa partidista cualquiera. Gira alrededor de una gestión pública que acabó bajo la lupa judicial tras una catástrofe devastadora.
Conviene recordar también otro punto clave: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana rechazó investigarlo penalmente al no apreciar indicios de delito en ese momento. Eso es cierto. Pero también es cierto que ese auto no convierte en intocable su actuación política ni borra las dudas públicas sobre su papel en aquella jornada. Una cosa es no estar imputado hoy y otra muy distinta pretender presentarse como alguien ajeno a toda sospecha social o política.
De hecho, si algo transmite esta maniobra es una incomodidad evidente con la posición que hoy ocupa en la causa: la de quien no controla el procedimiento, no marca el ritmo y no decide qué se investiga y qué no. Y quizá por eso este intento de entrar “como parte” ha sonado menos a defensa jurídica y más a operación de posicionamiento.
Luego llegó su reacción pública: que estudiará la resolución y “obrará en consecuencia”. Una frase muy de despacho, muy de pasillo institucional, muy calculada. Pero lo verdaderamente importante ya ha ocurrido: la jueza le ha dicho que no.
Y eso, más allá del tecnicismo judicial, tiene un fondo político bastante más profundo. Porque cuando una causa intenta reconstruir decisiones, silencios, tiempos y responsabilidades en torno a una tragedia de esta magnitud, lo que se espera de quien estuvo arriba no es más maniobra, más cálculo ni más estrategia. Lo que se espera es algo mucho más sencillo: claridad, verdad y respeto absoluto a la investigación.
Y justo eso es lo que, a estas alturas, muchos valencianos siguen echando de menos.
