Las víctimas de la DANA cargan contra Carlos Mazón por su gestión y denuncian abandono institucional, retrasos en indemnizaciones y falta de justicia.
Año y medio después de la tragedia que sacudió la provincia de Valencia, la indignación no solo continúa, sino que crece. Este domingo, la plaza de la Virgen volvió a convertirse en un grito colectivo contra Carlos Mazón, señalado sin rodeos por las asociaciones de víctimas como uno de los máximos responsables políticos de una gestión que consideran fallida y, sobre todo, impune.
La DANA del 29 de octubre de 2024 dejó 230 muertos. Esa cifra, incontestable y devastadora, sigue pesando como una losa sobre unas familias que no han encontrado ni reparación ni responsabilidades. Lo que sí han encontrado, denuncian, es silencio, lentitud administrativa y una protección política que consideran intolerable.
La concentración, bajo el lema ‘Mazón a presó’, no fue una más. El tono ha cambiado. Ya no hay matices ni apelaciones suaves: hay acusaciones directas y un señalamiento claro hacia un sistema que, a juicio de los afectados, protege antes a los cargos públicos que a los ciudadanos.
“Es un escándalo democrático”, se repetía entre los asistentes. Y no solo por la tragedia en sí, sino por lo que ha venido después. Para las víctimas, el hecho de que Mazón continúe aforado y mantenga su condición de diputado en Les Corts representa una anomalía difícil de justificar en términos éticos, aunque pueda sostenerse jurídicamente.
Las pancartas hablaban por sí solas: ‘Ni oblit ni perdó’, ‘Menos mentiras y más justicia’, ‘València no te quiere’. No eran solo consignas, sino el reflejo de una ruptura total entre las víctimas y quienes, en teoría, deberían haber respondido ante ellas.
Rosa Álvarez, presidenta de la Associació de Víctimes Mortals DANA, fue contundente: el aforamiento, dijo, se ha convertido en un “escondite legal”. Sus palabras no son aisladas, sino que resumen un sentir compartido: la sensación de que el tiempo pasa, pero las responsabilidades no llegan.
A ello se suma otro elemento que ha encendido aún más los ánimos: la percepción de frivolidad. Las críticas a la actitud pública de Mazón, incluida su aparición en contextos que las víctimas consideran inapropiados, han sido demoledoras. Para muchos, no se trata solo de lo que se hizo o no se hizo durante la emergencia, sino de la falta de empatía posterior.
Mariló Gradolí fue aún más lejos al hablar de “políticas de muerte”, una expresión dura que refleja el nivel de dolor y enfado acumulado. Su denuncia apunta directamente a la gestión política de la catástrofe, cuestionando decisiones que, según las asociaciones, pudieron agravar las consecuencias.
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha decidido no investigar al expresident al no apreciar delito. Una resolución legal que, sin embargo, no ha cerrado el debate. Porque lo que se discute ya no es solo jurídico, sino político y moral.
El Consell, por su parte, se mantiene en una prudente distancia, apelando al respeto institucional. Pero para las víctimas, ese silencio no es neutral: es otra forma de abandono.
También pesan los retrasos en las indemnizaciones, que algunas asociaciones califican de “inadmisibles”. Dieciséis meses después, muchas familias siguen esperando respuestas concretas, lo que refuerza la idea de una administración lenta cuando se trata de reparar, pero eficaz cuando se trata de protegerse.
Lejos de diluirse, el movimiento de víctimas se está fortaleciendo. Ya no es solo una protesta local: hay conexiones con asociaciones de otras comunidades que denuncian patrones similares de falta de responsabilidades políticas en tragedias con víctimas mortales.
A los 18 meses de la DANA, la herida no solo sigue abierta: se ha hecho más profunda. Porque al dolor de la pérdida se suma ahora otro sentimiento igual de corrosivo: la certeza de que nadie ha pagado por lo ocurrido.
