La investigación judicial del denominado caso Plus Ultra ya no solo sacude al PSOE y al entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El avance de la causa en la Audiencia Nacional ha terminado por incendiar también el discurso político nacional, elevando todavía más una tensión que en los últimos días se ha trasladado directamente a las declaraciones de algunos de los principales dirigentes del Partido Popular.
La investigación gira alrededor del rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI durante la pandemia. La Audiencia Nacional investiga si alrededor de aquella operación existió una estructura organizada destinada a influir de forma irregular para favorecer la concesión de ayudas públicas.
Sin embargo, el caso ha terminado abriendo otro debate mucho más amplio: hasta qué punto determinadas actividades de intermediación empresarial y relaciones institucionales pueden considerarse lobby legítimo o convertirse en un supuesto delito de tráfico de influencias.
En países como Alemania, Francia o Bélgica, los lobbies forman parte reconocida del funcionamiento institucional y cuentan con registros de transparencia y normas específicas de control. La propia Comisión Europea mantiene desde hace años un registro oficial donde miles de empresas, asociaciones y consultoras comunican sus actividades de influencia política ante Bruselas.
Precisamente ahí se sitúa una de las líneas de defensa que empieza a aparecer alrededor del entorno de Zapatero: diferenciar entre consultoría estratégica, relaciones institucionales y una eventual utilización ilícita de contactos políticos.
La investigación judicial sostiene que podrían haberse utilizado sociedades y asesorías para canalizar presuntas comisiones vinculadas al rescate de la aerolínea. La defensa del expresidente mantiene, por el contrario, que las actividades desarrolladas respondían a trabajos reales de consultoría internacional y representación empresarial.
Pero mientras el procedimiento judicial continúa avanzando, el debate político ha alcanzado ya un nivel especialmente duro. El expresidente José María Aznar lanzó hace unos días una frase que todavía sigue resonando en el panorama político español:
“Quien pueda hacer que haga”.
Las palabras fueron interpretadas por numerosos sectores como una presión pública para aumentar el desgaste político sobre el Gobierno de Pedro Sánchez en medio de los distintos casos judiciales que rodean al PSOE.
En esa misma línea, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, endureció todavía más su discurso asegurando:
“Haré todo lo posible para cambiar el Gobierno y cuando digo todo es todo”.
Una declaración que ha generado también un intenso debate político porque muchos sectores cuestionan que dentro de ese “todo” no se contemple, al menos por ahora, la presentación de una moción de censura, principal herramienta parlamentaria de la oposición para intentar cambiar un Gobierno.
A las declaraciones de Aznar y Feijóo se han sumado además las palabras especialmente contundentes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que elevó el tono político al asegurar:
“El señor Rodríguez Zapatero va a ser investigado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Es el único que se está enriqueciendo y blanqueando la dictadura de Maduro”.
Sin embargo, conviene precisar jurídicamente esa afirmación. En estos momentos no consta que la Corte Penal Internacional haya abierto una investigación formal contra Zapatero. Lo que sí existe es una denuncia presentada meses atrás por la asociación Hazte Oír ante la Corte Penal Internacional relacionada con la situación de Venezuela y el papel político del expresidente español respecto al régimen de Nicolás Maduro.
Esa diferencia es importante porque una denuncia presentada ante la CPI no implica automáticamente la apertura de una investigación formal ni mucho menos una imputación internacional.
La escalada verbal aumentó todavía más tras las declaraciones del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que escribió públicamente dirigiéndose a Pedro Sánchez:
“Te voy a decir una cosa, Pedro Sánchez: todo parece indicar que tú también vas Pá’lante. Cuando tenga nueva información privilegiada, te contaré. Pero vas a ir pá’lante…”.
Las palabras provocaron una fuerte polémica política y numerosas críticas desde distintos sectores, especialmente por la referencia expresa a disponer de supuesta “información privilegiada” sobre posibles actuaciones judiciales futuras.
Mientras tanto, la causa judicial sigue avanzando. La Audiencia Nacional investiga posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental relacionados con el rescate de Plus Ultra. Zapatero niega cualquier irregularidad y sostiene que jamás realizó gestiones ilícitas ante organismos públicos.
Más allá de cuál termine siendo el recorrido judicial del caso, la investigación ya ha provocado algo evidente: el endurecimiento máximo del enfrentamiento político nacional y la reapertura de un debate que España lleva años evitando abordar con claridad, el de la regulación de los lobbies, las puertas giratorias y los límites entre influencia política, relaciones institucionales y corrupción.
Paco Ciclón / Testigo de nuestras historias cotidianas/ AFPRESS
