Lo ocurrido esta semana en el Ayuntamiento de Elche no es una anécdota de pleno, ni una simple escaramuza ideológica de las muchas que se cuelan en la política local. Es bastante más serio que eso.
El alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el grupo municipal del Partido Popular decidieron votar junto a Vox una moción para instar al Gobierno de España a “derogar cualquier ley que facilite el aborto” y a desistir de su proyecto para blindar constitucionalmente la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa fue planteada in voce por la portavoz de Vox, Aurora Rodil, y salió adelante con los votos del bipartito que gobierna la ciudad.
Y sí, conviene decirlo claro: eso es indecente.
Porque mientras Elche arrastra problemas muy reales de vivienda, limpieza, transporte, precariedad juvenil, listas de espera, barrios abandonados o falta de inversión en servicios públicos, el PP y Vox deciden gastar tiempo institucional, energía política y el salón de plenos de una ciudad de más de 240.000 habitantes en señalar y cuestionar un derecho que ni les corresponde regular ni forma parte de las competencias municipales.
No es gestión.
No es municipalismo.
No es moderación.
Es agenda ultra envuelta en papel institucional.
Elche, utilizada como escaparate ideológico
Lo más preocupante de lo sucedido no es solo la moción en sí, sino el lugar desde el que se hace. Porque una cosa es que Vox lleve al pleno su discurso de siempre —ya nadie se sorprende a estas alturas— y otra muy distinta es que el PP de Pablo Ruz lo compre, lo respalde y lo legitime desde la alcaldía de una ciudad como Elche.
Y ahí está el verdadero retrato político de lo ocurrido.
Porque esto no va de “defender la vida”, como se quiso presentar en el pleno. Va de algo mucho más reconocible: volver a colocar el cuerpo de las mujeres y sus derechos en el centro de una batalla ideológica que nada tiene que ver con mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía ilicitana.
Cuando un ayuntamiento se presta a este tipo de ofensivas simbólicas, deja de comportarse como una administración local centrada en resolver problemas y pasa a actuar como plataforma política de una cruzada cultural.
Y eso tiene consecuencias.
No es ilegal, pero sí profundamente irresponsable
Conviene afinar bien las palabras. La moción aprobada por PP y Vox no es ilegal en sí misma, porque un pleno municipal puede aprobar iniciativas políticas o declaraciones para instar a otras administraciones a actuar en una determinada dirección.
Pero que algo sea formalmente posible no lo convierte en decente, útil ni institucionalmente responsable.
Porque el Ayuntamiento de Elche no legisla sobre derechos reproductivos, no regula la interrupción voluntaria del embarazo y no tiene competencias para entrar en una materia que forma parte de una ley orgánica estatal. Por eso, cuando el gobierno local se mete aquí, lo que hace no es “defender a las familias” ni “abrir un debate”, sino invadir con ideología un terreno que no le corresponde.
Y eso es exactamente lo que se vio en el pleno: una institución municipal utilizada para alimentar una agenda nacional de confrontación moral.
Lo más revelador es que Génova ya ha tenido que salir a corregir
Si alguien tenía dudas de hasta qué punto esta maniobra ha dejado al PP en una posición incómoda, la respuesta ha llegado desde su propia dirección nacional.
Génova ha desautorizado públicamente al alcalde de Elche después de su apoyo a la moción impulsada por Vox. El mensaje del PP nacional ha sido nítido: la posición oficial del partido no pasa por cuestionar la actual ley de plazos ni por poner trabas al aborto legal. Es decir, ni siquiera dentro del propio Partido Popular ha sentado bien el paso dado por Pablo Ruz en Elche.
Y esto ya no es una interpretación. Es un hecho político de primer nivel.
Porque deja a Pablo Ruz en una posición difícil de maquillar: la de un alcalde que, por agradar o acompasarse con Vox, ha terminado arrastrando al Ayuntamiento de Elche a una polémica nacional que ni siquiera su propio partido avala del todo.
Eso retrata muy bien el problema de fondo: cuando el PP gobierna con Vox, demasiadas veces no lo contiene; lo normaliza.
El mensaje que se lanza desde el pleno es muy grave
La moción aprobada esta semana no cambia la ley del aborto. No va a derogar nada. No tiene capacidad jurídica real para hacerlo. Pero sí tiene potencia política y simbólica. Y eso no debe minimizarse.
Porque el mensaje que se lanza desde el Ayuntamiento es que los derechos de las mujeres pueden volver a ser objeto de regateo político, de exhibición partidista y de oportunismo institucional.
Y ese mensaje es profundamente regresivo.
No estamos hablando de un asunto abstracto o de un simple choque parlamentario. Estamos hablando de un derecho que en España está reconocido legalmente y cuya protección ha sido objeto de debate constitucional y político durante años. De hecho, el Gobierno central ha defendido en las últimas semanas su intención de blindar aún más ese derecho, y tanto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, han criticado expresamente lo sucedido en Elche. Redondo advirtió que no permitirá que los derechos de las mujeres se usen “como mercancía política”, mientras Saiz resumió la maniobra con una frase muy gráfica: “el lobo ya está aquí”.
Y cuesta encontrar una definición más precisa de lo que se ha visto esta semana en el Ayuntamiento ilicitano.
Mientras tanto, la ciudad sigue esperando respuestas de verdad
Ese es quizá el punto más obsceno de todo este episodio.
Porque Elche no necesita un pleno municipal convertido en trinchera ideológica sobre el aborto. Lo que necesita es gestión, prioridades claras y una administración centrada en lo urgente.
Necesita respuestas sobre el acceso a la vivienda.
Necesita barrios mejor atendidos.
Necesita transporte que funcione.
Necesita menos propaganda y más soluciones.
Pero en lugar de eso, el gobierno local ha preferido regalarle a Vox una victoria simbólica y colocar a Elche en el mapa nacional por una razón bastante triste: ser el escenario donde el PP ha decidido abrirle la puerta a una ofensiva política contra un derecho de las mujeres.
Y eso, por mucho que se quiera envolver en palabras amables o en apelaciones morales, no es moderación ni pluralismo.
Es una renuncia.
La renuncia a gobernar desde lo útil.
La renuncia a respetar los límites institucionales.
Y la renuncia, también, a defender con claridad que hay derechos que no deberían usarse jamás como munición política.
En Elche, esta semana, el PP de Pablo Ruz no ha gobernado.
Ha hecho otra cosa.
Y la ciudad lo ha visto.
Paco Ciclón / Vecino de Elche y testigo de nuestras historias cotidianas
