El peso de esta frase del titular no lo digo con ligereza. Lo digo con el desasosiego que siento al ver cómo avance la instrucción sobre la DANA y comprobar que, una vez más, las barreras legales y el ruido mediático pueden hacer que la rendición de cuentas quede empantanada.
Desde el 29 de octubre de 2024, cuando la tormenta dejó 229 muertes en la Comunidad Valenciana, muchas personas —víctimas, familiares, ciudadanos— hemos esperado respuestas claras, responsabilidades asumidas y un juicio de verdades, no de versiones. Pero la sensación que invade ahora es que Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, podría esquivar ese destino judicial que otros en la causa sí enfrentan.
El cerco se estrecha… pero no para todos
Durante más de un año la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha ido acumulando pruebas, testigos y documentos que apuntan hacia fallos graves en la gestión institucional: videos que el gobierno valenciano habría ocultado durante 11 meses y que la jueza ha considerado “relevantes”, nuevas líneas de investigación sobre negaciones de recursos para vigilancia de barrancos antes de la DANA, declaraciones de técnicos que aportan piezas dolorosas al puzle del desastre.
Por ejemplo, una técnica del Centro de Emergencias declaró que la Generalitat denegó recursos la víspera para vigilar los caudales de barrancos, algo que hoy la jueza ha decidido investigar. En esas diligencias fue citado como testigo el director general de Medio Natural, dependiente del gobierno de Mazón, para que aclare por qué se rechazaron esos efectivos precisamente en la víspera del desastre.
Además, un testigo del Consorcio de Bomberos afirmó ante la jueza que Mazón “mandaba” en el Cecopi el día de la tragedia. No es un dato menor: eso implica que su rol fue eventualmente activo, incluso si él lo ha negado.
Y recientemente, Mazón aseguró que “jamás” dio órdenes a la exconsejera de Emergencias Salomé Pradas: ni para convocar el Cecopi, ni para activar la UME ni para el mensaje de alerta. Pero esa versión se contrapone a otros testimonios y al contenido de algunos videos.
Aun así, el tribunal encargado de su eventual imputación no es uno cualquiera: al tener aforamiento autonómico, cualquier paso hacia una imputación formal debe revisarse por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Eso complicaría mucho que el caso avance con rapidez contra él.
Para colmo, la jueza ya rechazó que la Generalitat se persone como responsable civil subsidiario en la causa, argumentando que no es el momento procesal oportuno. Eso implica que la institución bajo su mando —valga decir, su propio gobierno— no está obligada aún a responder patrimonialmente por los daños con cargo al erario público.
El clamor social que crece
Quizás lo más doloroso es ver cómo la indignación pública se hace mayúscula. Según recientes sondeos, un 71 % de los valencianos considera que Mazón debe dimitir por su gestión durante la DANA, incluyendo una mayoría dentro del propio electorado del PP. También ha sido muy simbólico que asociaciones de víctimas hayan rechazado su presencia en actos institucionales por “respeto a la institución”.
Ese descontento no solo es político, es humano: detrás de cada cifra hay madres, padres, hijos, familias que han perdido todo y solo quieren que no se pierda la verdad.
¿Por qué parece que puede escaparse?
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Aforamiento institucional: su condición de presidente autonómico lo sitúa bajo una jurisdicción especial, con mayores filtros para avanzar hacia su imputación.
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Insuficientes indicios ahora mismo: aunque hay datos nuevos todos los días, hasta ahora los tribunales han considerado que no hay pruebas concluyentes suficientes para cargar responsabilidades penales directas.
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Maniobras procesales: rechazos judiciales a personaciones del Consell, debates sobre el momento oportuno para actuaciones, y bloqueos que retardan decisiones decisivas.
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Versiones enfrentadas: Mazón defiende su actuación y niega órdenes directas, mientras testigos y grabaciones apuntan a lo contrario. Ese choque hace que los jueces deban revisar con lupa antes de actuar.
No digo que la justicia no vaya a llegar; no me atrevo a eso. Pero sí digo que, con lo que conocemos hasta ahora, las probabilidades de que Mazón se escude tras barreras legales son reales.
Mi llamado a quienes lean esto es: que no disminuyamos nuestra vigilancia. Que no aceptemos versiones encantadoras de gobernantes. Que exijamos que cada dato descubierto —por doloroso que sea— se traduzca en pasos firmes hacia la verdad. Esto no se trata solo de política: se trata de dignidad colectiva, de respeto hacia las víctimas y hacia la memoria de quienes murieron sin que se les alertara a tiempo.
