La intervención financiera impulsada por el Gobierno de Rajoy estabilizó el sistema bancario, pero dejó una deuda pública que aún pesa sobre la economía nacional.
En junio de 2012, en plena tormenta económica por la crisis de la eurozona y el estallido de la burbuja inmobiliaria, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un rescate financiero destinado a recapitalizar las entidades bancarias españolas. Aunque se solicitó una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), finalmente se emplearon en torno a 60.000 millones. De ese total, el Estado español inyectó directamente 41.800 millones de euros a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). A más de una década del rescate, el Banco de España estima que solo se recuperarán aproximadamente 2.300 millones, lo que implicaría una pérdida neta cercana a los 49.000 millones para el contribuyente.
En el año 2012, el sistema bancario español se encontraba bajo una enorme presión como resultado de la explosión de la burbuja inmobiliaria iniciada años antes y de la crisis de deuda soberana que afectaba a varios países del sur de Europa. La prima de riesgo de España superó los 600 puntos básicos, lo que dificultó el acceso a la financiación para el Estado y para las entidades financieras. La situación era crítica: varias cajas de ahorro estaban al borde de la quiebra, y el deterioro de sus balances amenazaba con un colapso sistémico.
Ante este escenario, el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy solicitó al MEDE un crédito de hasta 100.000 millones de euros para sanear el sistema bancario. La decisión fue anunciada entre el 9 y el 10 de junio de 2012, y el propio presidente del Gobierno la presentó como una «victoria para el euro». El rescate tenía como objetivo evitar un rescate completo del país y garantizar la estabilidad del sistema financiero español.
Aunque la línea de crédito autorizada por el MEDE era de 100.000 millones de euros, finalmente se emplearon cerca de 60.000 millones, según explicó entonces el ministro de Economía, Luis de Guindos. Estos fondos fueron destinados a la recapitalización de bancos en dificultades y a la creación de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), conocida como el «banco malo», que asumió activos tóxicos de las entidades.
En términos más detallados, la reestructuración del sistema financiero español tuvo un coste total de 60.700 millones de euros, de los cuales 41.800 millones provinieron de fondos públicos aportados por el FROB. El resto se cubrió con recursos del propio sector bancario, mediante instrumentos financieros como obligaciones convertibles.
Según datos del Banco de España, de los 51.300 millones de euros realmente desembolsados para la recapitalización de las entidades, solo se prevé recuperar 2.300 millones. Esto representa una tasa de recuperación inferior al 5 % y una pérdida neta de aproximadamente 49.000 millones de euros. Estas cifras consolidan esta operación como el mayor coste público directo en la historia económica reciente del país, cuyos efectos aún impactan en las cuentas estatales.
Rajoy y De Guindos mintieron: el 80% del rescate bancario, más de 60.000 millones, nunca se recuperará
El rescate bancario no conllevó condiciones fiscales impuestas directamente a España, a diferencia de los rescates aplicados en países como Grecia o Irlanda. Sin embargo, sí implicó una cesión de soberanía financiera al MEDE y al Banco Central Europeo (BCE), que pasaron a supervisar parte del sistema bancario español.
La medida fue duramente criticada por la oposición política y por amplios sectores de la sociedad civil, que denunciaron una falta de transparencia en la gestión del rescate y en el uso de los fondos públicos. Desde la izquierda se argumentó que el Gobierno actuó sin establecer mecanismos de auditoría independientes ni garantías de recuperación de los recursos invertidos. Por su parte, el Partido Popular defendió la medida como indispensable para evitar un colapso económico y reactivar el crédito a empresas y familias.
Aunque el rescate logró estabilizar el sistema bancario a corto plazo y redujo la prima de riesgo por debajo de los 300 puntos a finales de 2013, el coste asumido por los contribuyentes fue muy elevado. La inyección de fondos públicos incrementó el déficit y contribuyó al aumento de la deuda pública, que alcanzó el 100 % del Producto Interior Bruto (PIB) en 2014.
Además, la pérdida de valor de muchas entidades, la fusión forzosa de numerosas cajas de ahorro y la escasa recuperación de activos han dejado una huella duradera en el sistema bancario español. A pesar de la reestructuración, el sector perdió competitividad y muchos ciudadanos sintieron que el esfuerzo colectivo no se tradujo en beneficios tangibles para la economía real.
Conclusión: un legado controvertido
El rescate bancario de 2012, promovido por el Gobierno de Mariano Rajoy, permitió salvar al sistema financiero español del colapso, pero a un coste público sin precedentes. Con cerca de 49.000 millones de euros perdidos y escasas garantías de recuperación, el episodio se ha convertido en un símbolo del impacto que pueden tener las crisis financieras mal gestionadas sobre los contribuyentes. Este caso subraya la importancia de contar con mecanismos efectivos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, especialmente en situaciones de emergencia económica.
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Estos fondos fueron destinados a la recapitalización de bancos en dificultades y a la creación de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), conocida como el «banco malo», que asumió activos tóxicos de las entidades.
