El Ayuntamiento de Elche ha puesto cifras a una realidad que llevaba tiempo sobre la mesa: la gran mayoría de las campas de vehículos ubicadas en el entorno del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández no cumplen con la legislación vigente. Según ha informado el alcalde, Pablo Ruz Villanueva, solo un 5% de estas instalaciones dispone de licencia en regla.
El anuncio se ha realizado durante el pleno municipal correspondiente al mes de abril, donde el equipo de gobierno ha comunicado el inicio del expediente para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El objetivo es claro: ordenar una actividad que, en la actualidad, se desarrolla en gran medida sin una regulación específica.
Tal y como ha explicado el alcalde, esta iniciativa es fruto de un trabajo desarrollado durante el último año. En la zona próxima al aeropuerto se estima la existencia de más de un centenar de campas de vehículos, muchas de ellas en situación alegal. “Iniciamos el procedimiento para regular una realidad existente y poner orden con seguridad jurídica”, ha señalado Ruz durante su intervención.
Los datos ofrecidos por el Ayuntamiento reflejan el alcance del problema. La Policía Local de Elche ha llevado a cabo un total de 26 inspecciones en estos espacios, y únicamente dos de ellas contaban con licencia conforme a la normativa. Una cifra que evidencia la falta de control en un entorno donde la actividad ha crecido al calor de la cercanía al aeropuerto.
Ante esta situación, el consistorio ha intensificado las labores de inspección en los últimos meses y ha avanzado que continuará con estas actuaciones, adoptando las medidas necesarias en aquellos casos que incumplan la legalidad.
El reto, según el propio alcalde, pasa por encontrar un equilibrio entre la actividad económica vinculada al aeropuerto y el respeto al entorno y a la normativa urbanística. En este sentido, el gobierno municipal plantea establecer criterios claros que permitan ordenar estas instalaciones y evitar la proliferación de nuevas campas irregulares.
La modificación del PGOU pretende, por tanto, dar respuesta a una problemática que se ha ido consolidando con el tiempo, dotando de seguridad jurídica tanto a la administración como a los operadores que desarrollan su actividad en la zona. Un planteamiento que, según Ruz, sigue la línea de otras actuaciones recientes impulsadas por el Ayuntamiento, como la regulación de instalaciones fotovoltaicas en el ámbito rural.
Con este paso, el Ayuntamiento busca poner orden en un sector que hasta ahora ha crecido sin un marco definido, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y la adecuada integración de estas actividades en el entorno.
