Este 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno ha propuesto a Teresa Peramato Martín como nueva Fiscal General del Estado, un gesto que no pasa desapercibido por su profunda vinculación con la lucha contra la violencia de género.
Con más de 35 años de experiencia, Peramato es actualmente Fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo y Delegada para la Protección de Víctimas en el proceso penal. Su carrera ha estado marcada por una constante dedicación a la justicia feminista y a la protección de las mujeres víctimas.
Desde su ingreso en la carrera fiscal (1990), ha desempeñado destinos en distintas fiscalías (Tenerife, Valladolid, Barcelona, Madrid) y ha ocupado puestos clave centrados en la violencia sobre la mujer. Fue fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Madrid, fiscal de sala contra esta lacra, y ha liderado iniciativas institucionales para mejorar la protección de las víctimas.
Su nombramiento debe seguir un proceso formal: además de la propuesta del Gobierno, se requerirá un informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial. Posteriormente, Peramato deberá comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso para que su capacidad sea valorada y, finalmente, recibirá su nombramiento formal por parte del Rey.
En este momento de transición, Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo, ejercerá como fiscal general interina hasta que se confirme oficialmente la designación de Peramato.
Desde Elche, este nombramiento cobra especial relevancia simbólica para quienes defienden una justicia más comprometida con las víctimas: sitúa en la cúspide del Ministerio Fiscal a una experta en violencia de género justamente en una fecha emblemática para la memoria y la reivindicación.
Asimismo, cabe destacar que Peramato ya ha sido reconocida por su labor internacional en este ámbito, como cuando recibió el OEDI Social Award por su compromiso en la lucha contra la violencia de género digital. Este premio se entregó durante un congreso celebrado precisamente en Elche, lo que vincula aún más su trayectoria con nuestra ciudad.
Este paso supone no solo un relevo institucional, sino también una señal clara de que la justicia española puede reforzar su compromiso con la igualdad y con la protección de las víctimas más vulnerables.
