El Ayuntamiento de Elche ha anunciado la creación de una oficina municipal de orientación jurídica para personas afectadas por ocupaciones de viviendas. La medida, aprobada por la Junta de Gobierno Local mediante un convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE), comenzará a funcionar, según la información facilitada por el consistorio, el próximo mes de septiembre.
La iniciativa contempla ofrecer asesoramiento jurídico y técnico a los afectados sin coste para los ciudadanos y tendrá su sede en la Casa de la Horchata, desde donde será gestionada con personal de la Concejalía de Promoción Económica.
Sin embargo, al leer detenidamente la nota de prensa municipal, resulta inevitable plantearse si el objetivo era informar sobre un nuevo servicio público o reforzar un determinado mensaje político.
Buena parte del comunicado oficial se apoya en declaraciones como la del concejal de Promoción Económica y Empleo, Samuel Ruiz, quien afirma que el proyecto nace para «dar una respuesta firme a los vecinos frente a un problema creciente que no se puede ignorar ni cargar a las espaldas de los ciudadanos». Son palabras legítimas dentro del debate político, pero que describen una posición política más que el contenido concreto del convenio aprobado.
En la misma línea, el comunicado insiste en referencias a «familias trabajadoras» y «pequeños propietarios», un lenguaje que sitúa el anuncio dentro de un determinado marco político y emocional, mientras deja en un segundo plano información que sería especialmente útil para los ciudadanos.
Y es precisamente ahí donde aparecen las dudas.
La nota oficial no explica cuál será el presupuesto destinado a esta nueva oficina, ni cuánto costará mantener el servicio. Tampoco aclara cuántos abogados participarán en el convenio con el ICAE, cuál será el horario de atención al público, cuántos días abrirá a la semana o qué recursos materiales se pondrán a disposición de los vecinos.
Igualmente importante sería conocer qué funciones asumirá exactamente el Colegio de Abogados y hasta dónde llegará el asesoramiento ofrecido. ¿Se limitará a una primera orientación jurídica? ¿Habrá asistencia continuada? ¿Podrán los afectados recibir apoyo durante un procedimiento judicial o únicamente información sobre los pasos a seguir? Son preguntas que la nota de prensa no responde.
Otro aspecto que merece una aclaración es la referencia a las llamadas «primeras 48 horas» tras una ocupación. El Ayuntamiento anuncia que organizará jornadas formativas para enseñar a los vecinos cómo actuar durante ese periodo.
Sin embargo, conviene recordar que la legislación española no establece ningún plazo legal de 48 horas para recuperar una vivienda ocupada. Se trata de una idea muy extendida en el debate público, pero la actuación policial depende de las circunstancias concretas de cada caso y de si existe o no un delito flagrante, no del simple transcurso de ese tiempo. Presentar ese plazo sin esta explicación puede generar una interpretación errónea entre los ciudadanos.
La información facilitada por el Ayuntamiento también incluye datos de ocupaciones registrados por la Policía Local. Según esas cifras, en lo que va de 2026 se han contabilizado 159 ocupaciones, de las que 28 fueron resueltas. También se citan 204 casos en 2022, 140 en 2023 y 176 en 2025. Llama la atención, sin embargo, la ausencia de los datos correspondientes a 2024, un año que desaparece de la serie estadística sin explicación alguna.
La creación de una oficina de orientación jurídica puede ser una herramienta útil para quienes necesiten información sobre este tipo de situaciones. De hecho, la colaboración entre el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados entra dentro de las competencias municipales y puede facilitar el acceso de los ciudadanos al asesoramiento especializado.
Precisamente por esa importancia, quizá la información pública debería centrarse menos en los mensajes políticos y más en ofrecer todos los detalles prácticos del servicio que se pone en marcha. Porque cuando se anuncia una nueva oficina municipal, los vecinos no solo quieren saber que existe; también necesitan conocer cómo funcionará, quién les atenderá, qué ayuda podrán recibir y con qué recursos contará.
Eso, al fin y al cabo, también forma parte del derecho a una información pública completa y transparente.
Paco Ciclón / Testigo de nuestras historias cotidianas / AFPRESS
