Elche vive días de debate político tras conocerse la polémica en torno a la licencia de obras solicitada por el alcalde, Pablo Ruz, para su vivienda. Ante las acusaciones de un supuesto trato de favor, el equipo de gobierno ha querido zanjar las dudas y dejar clara su postura: la tramitación se realizó conforme a la ley y en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano.
El portavoz adjunto del gobierno municipal, Claudio Guilabert, compareció para explicar que la licencia de obras “se concedió en tiempo y forma, cumpliendo todos los requisitos legales, exactamente igual que ocurre con el resto de solicitudes que se presentan en el Ayuntamiento”.
Guilabert recordó que la normativa vigente establece un plazo máximo de dos meses para resolver este tipo de solicitudes. En el caso concreto del alcalde, el procedimiento incluso superó ese plazo, lo que evidencia —según subrayó— que no hubo ningún tipo de trato preferencial. Además, aclaró que cada licencia tiene características propias, que pueden acelerar o retrasar la resolución dependiendo de la documentación y de los informes técnicos necesarios.
“En ningún momento se ha actuado de manera diferente con respecto a lo que marca la ley”, insistió el portavoz adjunto, reforzando la idea de que la gestión urbanística en Elche se rige por criterios técnicos y jurídicos, no políticos ni personales.
Más allá del debate sobre la licencia, Guilabert denunció públicamente que desde el grupo municipal socialista se habría facilitado la dirección de la vivienda particular del alcalde. Este hecho, señaló, constituye una revelación de información sensible que afecta a la seguridad y a la privacidad de Pablo Ruz.
Por este motivo, el equipo de gobierno anunció que presentará una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, con el objetivo de que se investigue y, en su caso, se depuren responsabilidades por la divulgación de datos personales de un miembro de la corporación municipal.
El portavoz también añadió que el propio alcalde se reserva el derecho de emprender acciones legales si lo considera necesario. La defensa de la privacidad, insistió, es un principio básico que no debería ponerse en entredicho en el ámbito político ni utilizarse como herramienta en la confrontación partidista.