Hay historias que no deberían terminar así. Maricarmen Abascal, de 87 años, ha muerto este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón después de haber sido desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda del madrileño barrio de Retiro en la que había vivido durante cerca de siete décadas.
Maricarmen tenía una pensión de unos 1.400 euros, pagaba su alquiler de renta antigua y las facturas y, según la información difundida durante el conflicto, sus gastos mensuales de vivienda rondaban los 500 euros. Tras el desahucio permaneció hospitalizada. Finalmente se alcanzó un acuerdo que podía permitirle regresar a su casa, pero llegó demasiado tarde.
No voy a decir que el desahucio causó su muerte porque eso no está acreditado médicamente. Pero tampoco creo que debamos esconder la dureza de lo ocurrido detrás de un lenguaje administrativo. Una mujer de 87 años fue sacada de la casa donde había vivido durante 70 años, permaneció ingresada desde entonces y murió sin poder volver a ella.
Y mientras Maricarmen ya no está, esta noche Madrid vuelve a salir a la calle. La Puerta del Sol ha acogido una nueva movilización tras conocerse su fallecimiento y los manifestantes han iniciado una marcha hacia el Congreso de los Diputados. En estos momentos, la Policía Nacional está impidiendo que la marcha pueda avanzar.
Aquí está el verdadero debate. No se trata únicamente de propietarios, inquilinos, contratos, leyes o porcentajes. Se trata de qué hacemos como sociedad cuando una persona mayor puede perder el lugar donde ha vivido prácticamente toda su vida.
Podemos discutir durante años quién tiene razón. Podemos escuchar discursos de unos y otros, promesas, declaraciones y reproches. Pero hay algo que debería resultar evidente: las soluciones tienen que llegar antes de que sea demasiado tarde.
Porque a Maricarmen finalmente le encontraron una solución para poder volver a su casa.
Pero ya no pudo volver.
Y eso debería hacernos pensar mucho más que cualquier discurso político sobre la vivienda.
