El sistema de atención a la dependencia sufre un retroceso por las decisiones del Consell |
| CCOO Vinalopó- Vega Baja y la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia han celebrado la mesa redonda ‘Sobre los 19 años de la Ley de Dependencia’ en la Universidad Miguel Hernández de Elche. |
El Sistema Valenciano de Servicios Sociales está experimentando un retroceso con las decisiones del actual gobierno autonómico. La secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO PV, Ana Belén Montero, ha denunciado que la paralización de normativas y planes estratégicos, pactados en el diálogo social, frena la consolidación de un sistema que garantice una atención digna a las personas dependientes. Es el caso de la paralización del ‘Pla Convivint’, que preveía 250 centros y 7.000 plazas públicas.
En la jornada que ha analizado la implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la dirigente sindical ha reivindicado más infraestructuras, más servicios profesionales y una red territorializada. “Apostamos por un modelo que permita envejecer y vivir en el entorno habitual, gracias a servicios como ayuda a domicilio, teleasistencia avanzada y centros de día suficientes para evitar desarraigo e institucionalización innecesaria”, ha recalcado Montero.
La precariedad laboral en el sector continúa siendo una de las mayores amenazas para la calidad de los cuidados. “Más de la mitad de las personas trabajadoras tienen contratos parciales o temporales y los salarios son muy inferiores a la media estatal. El incumplimiento del acuerdo de mejora de condiciones laborales de la red pública supone un retroceso inaceptable en un sector altamente feminizado y esencial”, ha puntualizado la dirigente sindical.
CCOO PV exige acabar con una lista de espera que afecta a miles de personas y con los retrasos sistemáticos para resolver los expedientes. “Solo con más recursos, profesionalización y compromiso político podremos garantizar un sistema más sólido, justo y centrado en las personas”, ha concluido Montero.
Por su parte, Eva Guzmán, representante de la Coordinadora de Plataformas por la Ley de Dependencia en el País Valencià, ha manifestado que la Secretaría autonómica no se ha reunido con ella. La portavoz ha hecho hincapié en la necesidad de valorar a las personas cuidadoras “que tengan derechos y descansos, que se les dé nombre” y ha reclamado una mayor atención específica según el perfil de la persona usuaria. Guzmán también afirma que existe una distinción entre las residencias de gestión pública y las de gestión privada.
“Una lucha muy fructífera”
Así ha calificado Rosario Rives, portavoz de la Plataforma de la Dependencia de Elche, el proceso reivindicativo de esta organización desde sus orígenes. Su objetivo era que se cumpliera la norma, “pues había personas a las que las prestaciones de la ley no les llegaban hasta pasados cuatro años”. Un escenario que empeoró especialmente con la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno central y con el decreto de recortes de 2012. “Eso marcó un antes y un después. Las plataformas fueron creciendo porque la situación era complicada. Empezamos a pagar copagos altísimos, era insostenible. Había personas que tenían a su familiar en centros de salud mental que estaban pagando más de mil euros de copago. Todos los copagos ilegales se pusieron aquí, en la Comunidad Valenciana”, ha explicado la portavoz.
Las plataformas incrementaron su actividad, su lucha, sus reuniones con responsables políticos, para lograr la reversión de esos recortes. “La respuesta era que se pagaría a las personas que ganaran en los tribunales. Tuvimos que judicializar las solicitudes de la gente, hacer contenciosos. Se ganaron muchas sentencias y entonces pagaban los atrasos”, ha relatado Rosario Rives.
La portavoz ha recordado que la Ley es estatal, pero hay que “aterrizarla” en las comunidades autónomas con un decreto de desarrollo. Este decreto se consiguió en 2017, ya con el Botànic en el Gobierno valenciano, y gracias al trabajo de las comisiones, en las que estaba CCOO junto a otras organizaciones. El decreto recogió toda una serie de reivindicaciones, como la figura del asistente personal para grados de dependencia altos, la figura del profesional trabajador de integración (PATI) para la atención a menores o una dotación presupuestaria para la prevención de la autonomía.
