Hay plenos que pasan sin ruido y otros que, aunque no llenen titulares grandilocuentes, dejan decisiones de fondo que afectan directamente al presente y al futuro de la ciudad. El de este mes de marzo en Elche ha ido por ahí. Sobre la mesa han aparecido dos asuntos con bastante más recorrido del que parece a simple vista: por un lado, las cuentas municipales y el nivel de inversión real ejecutada; por otro, la regulación urbanística que busca poner límites a la expansión de las grandes plantas fotovoltaicas en el término municipal.
El dato económico que ha defendido el equipo de gobierno es claro: el Ayuntamiento de Elche cerró 2025 con un 68,47% de ejecución contratada, rozando así el 70%, mientras que el total de inversiones ejecutadas se situó en el 48,14%. Según el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, estas cifras mejoran de forma notable las registradas en 2022, cuando ese nivel de ejecución se quedó en el 34,51%.
No es un número menor, sobre todo porque una de las grandes críticas que suelen recibir todos los gobiernos locales —sean del color que sean— no está tanto en lo que anuncian, sino en lo que realmente consiguen llevar a la calle. Y ahí es donde el ejecutivo local ha querido poner el foco: en defender que una cosa es presupuestar y otra, bastante más complicada, es contratar, ejecutar y rematar.
Un balance económico con superávit y baja deuda real
Durante la sesión plenaria también se dio cuenta de la liquidación del presupuesto de 2025, uno de esos documentos que no suelen despertar demasiada pasión fuera de la administración, pero que en realidad retratan bastante bien cómo ha terminado el año una institución. En este caso, el resultado consolidado del Ayuntamiento y sus organismos dependientes arroja un superávit de 238.000 euros, cumpliendo además con las reglas fiscales vigentes.
Francisco Soler defendió estos datos como una muestra de “economía saneada”, acompañada —según la lectura del gobierno municipal— de un alto nivel de inversión y de responsabilidad financiera. La otra cifra que el equipo de gobierno quiso subrayar fue la del endeudamiento: la deuda oficial se sitúa en el 25,99%, mientras que la llamada deuda real con entidades bancarias baja hasta el 13,07%. Son porcentajes que el ejecutivo considera asumibles en relación con el volumen de obra pública y actuaciones impulsadas en esta legislatura.
De hecho, desde el propio gobierno local se ha insistido en las últimas semanas en que Elche ha cerrado 2025 con un contexto de estabilidad presupuestaria, un remanente importante y una capacidad de inversión elevada, algo que el alcalde Pablo Ruz y el propio Soler ya defendieron públicamente a comienzos de marzo.
La otra gran cuestión del pleno mira al Camp d’Elx
Pero si hubo un asunto con clara lectura territorial y política, ese fue el avance en la modificación puntual del PGOU para regular la implantación de plantas fotovoltaicas. Aquí no se habla de autoconsumo doméstico ni de pequeñas instalaciones aisladas, sino de poner orden ante la posibilidad de implantaciones de mayor escala en zonas especialmente sensibles del municipio.
El Ayuntamiento quiere compatibilizar el impulso a las energías renovables con algo que en Elche pesa mucho: la protección del Camp d’Elx, del paisaje, del patrimonio rural y de los suelos con valor ambiental o agrario. Y esa es precisamente la filosofía que se ha trasladado desde el área de Estrategia Municipal. Soler ha defendido que hasta ahora no existía una regulación suficientemente concreta para frenar una implantación “indiscriminada” de grandes plantas solares en determinadas zonas del término municipal.
La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del gobierno municipal y la abstención de los grupos de la oposición. El acuerdo permitirá abrir el trámite de información pública, un paso clave antes de continuar la tramitación urbanística y remitir el expediente a la Conselleria, que tendrá la última palabra en el recorrido administrativo del documento.
Dónde no podrán instalarse plantas solares
La regulación que se está impulsando dibuja con bastante precisión las áreas donde no se permitirá este tipo de implantación. Quedarán fuera el suelo no urbanizable protegido, los huertos dispersos de palmera, los saladares y carrizales, la infraestructura verde, las zonas ligadas al aeropuerto, las áreas vinculadas a infraestructuras estratégicas, los montes públicos, los espacios del litoral protegidos por el PATIVEL y también el entorno previsto para el desarrollo de Porta d’Elx.
Ese detalle no es menor, porque uno de los grandes debates de los últimos años en muchos municipios de la Comunitat Valenciana ha sido precisamente dónde acaba la apuesta por la transición energética y dónde empieza el riesgo de colonizar paisajes agrícolas, entornos patrimoniales o zonas de alto valor ecológico con macroinstalaciones. Elche quiere marcar ahí una línea propia.
Las zonas permitidas también tendrán límites muy claros
Incluso en las áreas donde sí pudiera autorizarse la instalación de plantas fotovoltaicas, la modificación urbanística plantea condiciones bastante restrictivas. En suelo no urbanizable común, por ejemplo, no podrán implantarse a menos de 1.000 metros del litoral, ni en parcelas con pendiente superior al 25%. Además, la ocupación máxima de la parcela será del 50%, y el espacio libre restante deberá permitir inscribir un círculo de al menos 20 metros de diámetro.
A eso se suman distancias mínimas respecto a viviendas existentes, suelo urbano o urbanizable residencial, equipamientos públicos, instalaciones turísticas, recreativas o culturales, así como al río Vinalopó y a barrancos. En el caso de los Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Relevancia Local (BRL) y espacios naturales protegidos, la separación prevista será de 500 metros, salvo que estudios técnicos específicos justifiquen otra solución.
La regulación también pone una barrera muy clara sobre determinados cultivos que forman parte de la identidad agrícola local. No se permitirá la implantación de estas instalaciones sobre cultivos emblemáticos como el melón de carrizal, el dátil de Elche o la granada mollar. Además, será obligatorio presentar un estudio de integración paisajística y aplicar medidas de integración ambiental para proteger acuíferos, biodiversidad y entornos forestales.
Una cuestión que afecta de lleno al modelo de territorio
Desde Vox, socio del gobierno municipal, su portavoz adjunto Samuel Ruiz defendió la medida como una forma de “poner orden” en un problema que afecta al Camp d’Elx, a sus vecinos y al sector agrario. Y, más allá del cruce político, lo cierto es que ahí está el fondo de la cuestión: no se trata solo de decidir si se está a favor o en contra de la energía solar, sino de cómo se encaja en un territorio tan delicado, tan vivo y tan identitario como el campo ilicitano.
Porque en Elche el debate no va únicamente de placas. Va también de paisaje, de agricultura, de patrimonio, de convivencia entre usos y, en el fondo, de qué modelo de municipio se quiere consolidar en los próximos años. Y eso ya no es solo urbanismo: eso es ciudad.
