La Plaza de Baix acogerá el próximo miércoles 2 de septiembre, a las 20:00 horas, la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día de Ceuta. La iniciativa pretende trasladar a la ciudad autónoma y a sus vecinos el respaldo del municipalismo español ante la situación extraordinaria que atraviesa.
La FEMP ha llamado a los 8.132 ayuntamientos españoles a celebrar concentraciones a las puertas de sus consistorios. La presidenta de la federación, María José García-Pelayo, trasladó este martes al presidente de Ceuta, Juan Vivas, el apoyo y la solidaridad del municipalismo español y defendió que la ciudad necesita una respuesta suficiente ante la situación que está viviendo.
En Elche, el escenario elegido será la Plaza de Baix. La convocatoria está abierta a la ciudadanía y se celebrará coincidiendo con el Día de Ceuta.
Pero esta movilización llega en un momento en el que resulta difícil separar la situación de los vecinos de Ceuta de la crisis migratoria que se inició a finales de julio. Y ahí aparece también una cuestión que en Elche no es nueva: el debate sobre la acogida de menores migrantes no acompañados.
Una crisis que el Gobierno ya considera de interés para la Seguridad Nacional
La dimensión de lo ocurrido en Ceuta ha llevado al Gobierno a declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional mediante el Real Decreto 681/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.
La norma señala que la entrada irregular de personas migrantes registrada los días 30 y 31 de julio generó una presión inédita sobre las capacidades de control fronterizo, identificación, atención humanitaria y acogida. El texto menciona expresamente el impacto sobre servicios públicos sociales, de protección de menores, seguridad, transporte y gestión administrativa.
La declaración estará vigente, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque puede prorrogarse o finalizar antes en función de la evolución de los acontecimientos. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asumido la autoridad funcional para impulsar y coordinar las actuaciones.
El propio Gobierno ha aprobado además este miércoles la relación de recursos que podrán emplearse para hacer frente a la situación, incluyendo medios estatales y de la ciudad autónoma destinados a la atención humanitaria, los servicios sociales y la protección y atención de menores y otras personas vulnerables.
Es una fotografía que permite entender mejor por qué la FEMP ha pedido a los municipios españoles que acompañen a Ceuta.
Los menores forman parte de la realidad de Ceuta
Al mismo tiempo, la crisis tiene otra dimensión que no debería quedar fuera de la conversación.
Entre las personas que llegaron a Ceuta se encuentran numerosos menores que viajaron solos desde Marruecos. El Gobierno ha registrado ya alrededor de 1.410 menores, aunque el propio ministro Torres ha advertido de que la cifra puede ser superior porque todavía hay personas que no han sido identificadas. También ha anunciado nuevos espacios que podrían permitir habilitar unas 2.000 plazas adicionales para personas que continúan en la ciudad.
La situación de las niñas resulta especialmente delicada. Según información conocida este miércoles a través de fuentes oficiales, cerca de 300 niñas continúan fuera del sistema ordinario de acogida en instalaciones habilitadas con la ayuda de asociaciones vecinales, mientras las administraciones trabajan para reubicarlas. El plan de choque ha permitido trasladar ya a cerca de 400 niñas y se calcula que unas 700 podrían acabar incorporándose al sistema de acogida de la ciudad.
Son datos que muestran que hablar de Ceuta implica necesariamente hablar también de protección de menores.
La propia declaración publicada hoy por el BOE reconoce que la respuesta a la crisis afecta a las competencias de protección de menores y establece entre los recursos estatales aquellos destinados al sistema de protección y acogida.
Un debate que ya se vivió en Elche
Precisamente por eso existe un antecedente local que merece ser recordado.
En septiembre de 2025, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, manifestó públicamente su rechazo a que la ciudad acogiera menores migrantes no acompañados. En declaraciones realizadas el 23 de septiembre, Ruz afirmó que estos menores «no son niños» y que «en muchos casos son postadolescentes», y señaló que había trasladado a la Generalitat y al Gobierno central que Elche no iba a acoger a menores migrantes no acompañados.
Ruz defendió entonces que el problema no era la inmigración en sí misma, sino que debía tratarse de una inmigración «necesaria, regulada, ordenada» y cuestionó que la gestión de las fronteras terminara repercutiendo en los municipios.
Aquellas declaraciones provocaron una respuesta política inmediata en Elche. El PSOE pidió la comparecencia del alcalde para que explicara ante el Pleno la posición del Gobierno municipal, mientras que Compromís criticó duramente la postura del Ejecutivo local.
El 29 de septiembre, Ruz volvió a defender su posición en el Pleno y mantuvo su negativa a acoger menores migrantes mientras Vox formara parte del Gobierno municipal. La oposición volvió a cuestionar entonces la postura del equipo de gobierno.
Es importante recordar este episodio no para atribuir a la concentración del próximo 2 de septiembre una intención política que la convocatoria de la FEMP no tiene, sino porque ayuda a entender que el debate sobre la acogida de menores migrantes ya tiene un recorrido propio en Elche.
Apoyar a Ceuta y proteger a los menores no son cuestiones incompatibles
Aquí probablemente está la parte más delicada de toda esta historia.
La concentración del próximo miércoles tiene un objetivo concreto: mostrar solidaridad con Ceuta y sus vecinos. La FEMP no la presenta como una movilización para debatir específicamente sobre la acogida de menores, sino como una muestra de respaldo del municipalismo español a la ciudad autónoma.
Ese apoyo puede entenderse perfectamente. Ceuta está soportando una presión extraordinaria sobre sus servicios públicos y sus recursos de acogida, y el propio Gobierno ha reconocido oficialmente la gravedad y dimensión transversal de la situación.
Pero también es legítimo recordar que entre las personas que permanecen en la ciudad hay menores que necesitan protección.
Una cosa no debería borrar la otra.
Se puede defender una frontera segura y una política migratoria ordenada y, al mismo tiempo, exigir que los niños y adolescentes que llegan solos reciban la protección que establece la legislación. También se puede reconocer la presión que soportan los servicios públicos de Ceuta sin convertir a todos los menores que han llegado en responsables de esa situación.
De hecho, la propia respuesta institucional actual contempla ambas cuestiones: seguridad y atención humanitaria; control fronterizo y protección de menores. El Real Decreto aprobado este miércoles las incluye dentro de una misma estrategia de coordinación.
La situación sigue abierta
La crisis tampoco ha terminado.
Este miércoles, Torres ha señalado que todavía no se conoce con exactitud cuántas personas permanecen en Ceuta porque una parte no ha sido identificada. El Gobierno trabaja en la filiación, en los procedimientos administrativos y en los expedientes que correspondan en cada caso.
En el caso de los menores, el Ejecutivo también trabaja en la reorganización de los recursos y en posibles traslados. La situación ha abierto además un nuevo debate entre las comunidades autónomas sobre el reparto de menores procedentes de Ceuta.
En la Comunitat Valenciana, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha advertido este miércoles de que los centros de menores de la autonomía se encuentran actualmente al 200 % de su capacidad y ha reclamado una respuesta coordinada a nivel nacional.
Es un elemento que también resulta relevante para Elche: el debate sobre qué recursos existen y qué capacidad tienen las administraciones para atender a menores no es exclusivamente ideológico. También implica plazas, profesionales, financiación, coordinación entre administraciones y garantías de protección.
Una concentración que llega con muchas preguntas encima de la mesa
El próximo 2 de septiembre, a las 20:00 horas, la Plaza de Baix se convertirá en uno de los lugares desde los que se expresará el apoyo a Ceuta.
La FEMP quiere que el Día de Ceuta se celebre este año desde los 8.132 ayuntamientos españoles y que los ceutíes sepan que no están solos ante una situación que ha adquirido una dimensión nacional.
En Elche, esa convocatoria llega además después de un año en el que la acogida de menores migrantes ya provocó un debate político intenso.
Por eso, quizá lo más razonable sea acudir a la concentración sin simplificar una realidad que es bastante más compleja que cualquier consigna.
Ceuta necesita apoyo. Sus vecinos necesitan que sus servicios públicos puedan funcionar y que las administraciones respondan a una situación que ha superado sus capacidades ordinarias.
Y los menores que han llegado solos también necesitan protección, atención y una respuesta que tenga en cuenta su condición de menores.
Las dos cosas pueden decirse a la vez.
Porque si algo ha demostrado esta crisis es que detrás de las cifras, de las fronteras y de los debates políticos hay personas. Y precisamente por eso la respuesta debería ser capaz de proteger a quienes viven en Ceuta sin dejar de proteger también a quienes, siendo menores, han llegado hasta allí solos.
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Paco Ciclón / Testigo de nuestras historias cotidianas / AFPRESS
