Blocus y los disturbios que merecen una investigación sin prejuicios. Por qué las cuentas opacas, las convocatorias sospechosas y las coincidencias políticas obligan a preguntarnos quién está detrás de esta violencia
Hay algo que me preocupa especialmente de todo lo que está sucediendo estos días con las convocatorias de Blocus, los disturbios en varias ciudades españolas y la aparición de mensajes que llaman abiertamente al saqueo. No es solamente la violencia, que ya de por sí resulta inaceptable. Es también la cantidad de preguntas que siguen sin respuesta sobre quién está detrás de estas movilizaciones, quién las impulsa y qué intereses puede haber detrás de algunas de ellas.
No me convence que demos por hecho que estamos ante un movimiento juvenil espontáneo que se ha descontrolado. Hay demasiadas señales de manipulación digital como para no investigar a fondo. Ahora bien, tampoco voy a afirmar que se trate de una operación de falsa bandera organizada por la ultraderecha, porque a día de hoy no conozco pruebas verificadas que permitan sostener esa conclusión. Precisamente por eso creo que debemos exigir una investigación rigurosa y no conformarnos con la primera explicación que nos ofrezcan.
Las cuentas que aparecen, cambian de nombre y desaparecen
Las informaciones publicadas por medios de verificación y por periodistas que han analizado estas convocatorias dibujan un panorama preocupante.
Newtral detectó alrededor de 70 cuentas de TikTok que promocionaban o amplificaban las llamadas a movilizarse el 31 de octubre. Al menos 29 habían cambiado de nombre durante octubre y algunas difundían horarios y lugares distintos para una misma convocatoria. El informe de Golden Owl recogido por El País fue más allá y detectó actividad relacionada con Blocus en 18 localidades de 11 comunidades autónomas, después de analizar más de 10.000 elementos digitales.
No estamos hablando, por tanto, únicamente de un cartel compartido entre amigos. Tenemos cuentas recicladas, mensajes que se reproducen de forma coordinada, enlaces que conducen a grupos privados y contenidos que, bajo una apariencia reivindicativa, terminan incorporando instrucciones para cometer robos o provocar destrozos.
Los Mossos d’Esquadra tuvieron que recurrir al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado para solicitar el cierre de varios grupos de Telegram relacionados con los llamamientos al saqueo en Barcelona. Según la información publicada por El País, en esos canales se difundían listas de comercios que debían ser asaltados. Tras el cierre de un grupo, aparecieron nuevas versiones.
¿Quién administra realmente estas cuentas? ¿Quién fabrica los carteles? ¿Quién decide qué mensaje se difunde en cada ciudad? ¿Quién está detrás de los grupos privados? Son preguntas que deberían tener respuesta.
Lo sucedido en Elche obliga a mantener los ojos abiertos
Lo ocurrido con la supuesta convocatoria de Blocus en Carrús merece también nuestra atención.
El 28 de octubre, Radio Elche Cadena SER informó de que la Policía Nacional no tenía indicios de que la movilización anunciada para este jueves, 29 de octubre, fuese a celebrarse. Las fuentes policiales apuntaron a la posible utilización de bots y confirmaron que varios de los perfiles que difundían los mensajes habían desaparecido.
La convocatoria había circulado por TikTok con referencias a la educación pública y enlaces para incorporarse a grupos privados de WhatsApp.
A mí esto me parece suficientemente serio como para preguntarnos qué está pasando. Si alguien crea perfiles, difunde convocatorias que generan inquietud, invita a jóvenes a grupos cerrados y después hace desaparecer esas cuentas, hay motivos para investigar su finalidad.
Pero conviene no confundir las cosas. La Policía no ha atribuido esa supuesta convocatoria a la ultraderecha ni a Vito Quiles. Lo que ha hecho es poner en duda su autenticidad y advertir de que no disponía de indicios de que fuese a materializarse. Esa es la información que tenemos y debemos respetarla.
Vito Quiles y una coincidencia que merece ser analizada
Hay otro elemento que, en mi opinión, merece examinarse con detenimiento. En varias de las ciudades por las que ha pasado o en las que ha anunciado actos el creador de contenidos Vito Quiles se han producido enfrentamientos y altercados.
En Zaragoza, el 22 de octubre, se registraron enfrentamientos en el contexto de su concentración. Según informó elDiario.es, los incidentes dejaron cinco detenidos y varios heridos, entre policías y manifestantes antifascistas. La Delegación del Gobierno en Aragón inició posteriormente los trámites para abrir un expediente sancionador por la concentración que Quiles había convocado sin efectuar la comunicación previa exigida.
En Bilbao, el 26 de octubre, el acto previsto tuvo que ser suspendido después de que se advirtiera de un riesgo elevado de incidentes. La jornada terminó con incendios de vehículos y contenedores, daños en comercios y nuevas detenciones. La Ertzaintza elevó posteriormente a 19 el número de detenidos.
Son hechos graves. Y no me parece descabellado preguntarse por qué se repiten escenarios de tensión alrededor de determinadas convocatorias políticas, quién obtiene repercusión de lo sucedido y cómo se utilizan después las imágenes de los enfrentamientos.
Pero una cosa es plantear esas preguntas y otra muy distinta asegurar que Quiles organiza los disturbios. Las informaciones disponibles sitúan los enfrentamientos en el contexto de las protestas contra sus actos; no demuestran que él los haya provocado deliberadamente ni que las personas que cometieron los destrozos actuasen bajo sus órdenes.
También hay que tener cuidado con relacionar automáticamente estos episodios con los disturbios de Barcelona del 24 de octubre. La gira de Quiles había pasado por el entorno de la Universidad Autónoma de Barcelona el día 19, mientras que los altercados del día 24 se vincularon a la convocatoria difundida bajo la marca Blocus. Que ambos fenómenos compartan un escenario de tensión política no demuestra que formen parte de una misma operación.
Aun así, creo que debemos analizar las coincidencias, estudiar cómo se difunden las imágenes y comprobar si existen conexiones reales entre las cuentas que convocan, los grupos que promueven la violencia y quienes después utilizan esos sucesos para alimentar sus discursos políticos.
¿Y si alguien estuviera intentando enfrentar a unos ciudadanos con otros?
Es aquí donde surge la hipótesis de la falsa bandera. En términos generales, hablamos de una actuación en la que los responsables intentan atribuir sus acciones a otro grupo para desacreditarlo, provocar una reacción o manipular la opinión pública.
¿Podría alguien estar intentando provocar violencia para que después toda una corriente política o un movimiento social aparezca como responsable? Es una posibilidad que, como hipótesis, puede plantearse y comprobarse. Pero no basta con que un acontecimiento resulte políticamente conveniente para alguien, ni con que se produzca en una ciudad donde ha estado un determinado personaje, para concluir que existe un montaje.
No he encontrado pruebas públicas verificadas de que la ultraderecha esté detrás de los disturbios de Blocus, ni de que Vito Quiles los esté dirigiendo o manipulando. No sería responsable presentarlo como una certeza.
Lo que sí sabemos es que las investigaciones han detectado cuentas opacas, perfiles reciclados, carteles con información contradictoria y mensajes que conducen a espacios privados donde se promueven actos delictivos. Sabemos también que, después de los disturbios de Barcelona, circularon mensajes de cariz ultraderechista que pedían represalias contra inmigrantes y contra participantes en los altercados.
Este último dato me parece especialmente preocupante. Demuestra que la violencia puede convertirse en combustible para nuevos enfrentamientos y que hay actores interesados en aprovecharla para alimentar el odio. Pero tampoco permite identificar, por sí solo, a quienes originaron los disturbios.
Por eso creo que la investigación debe ir más allá de las etiquetas políticas. Hay que conocer quién administra las cuentas, qué relaciones mantienen sus responsables, cómo se coordinan las convocatorias y qué pruebas existen sobre la planificación de los ataques.
No confundamos la protesta con el vandalismo
Quiero dejar algo claro. El derecho a manifestarse y a protestar debe protegerse siempre. Una reivindicación por la educación pública, la vivienda o cualquier otro asunto social no puede considerarse delictiva porque algunas personas utilicen una convocatoria para cometer actos violentos.
Tampoco podemos aceptar que se quemen vehículos, se saqueen comercios, se agreda a policías o se ponga en peligro a los vecinos. Los pequeños comerciantes, los trabajadores y las personas que se encuentran por casualidad en una calle donde se producen disturbios no tienen por qué pagar las consecuencias de ninguna estrategia política.
Lo que me preocupa es que terminemos atrapados en una dinámica en la que unos provocan, otros responden, las redes amplifican las imágenes y cada bando utiliza los destrozos para confirmar sus propios prejuicios. En ese escenario, la verdad acaba ocupando un lugar secundario y quienes sufren las consecuencias son siempre los mismos.
No quiero que se dé por culpable a nadie sin pruebas. Pero tampoco quiero que dejemos de hacer preguntas incómodas por miedo a que alguien nos acuse de conspiracionismo. La solución no es aceptar cualquier teoría, sino investigar hasta donde permitan llegar las pruebas.
Que se investigue a todos, sin excepciones
A estas alturas, me parece imprescindible averiguar quién está detrás de las cuentas que promueven los saqueos, qué conexiones existen entre ellas y si alguien está intentando provocar o amplificar deliberadamente los conflictos. También hay que investigar cualquier posible coordinación entre quienes cometen los destrozos y quienes pudieran estar utilizándolos para obtener un beneficio político.
Si aparecen pruebas que apuntan a responsables de la extrema izquierda, habrá que actuar contra ellos. Si las investigaciones descubren una operación de provocación organizada desde la ultraderecha o desde cualquier otro entorno, también habrá que actuar. Y si no se acredita ninguna de esas hipótesis, tendremos que aceptar lo que demuestren los hechos.
Lo que no podemos hacer es confundir una sospecha con una prueba, ni tampoco conformarnos con explicaciones que dejan sin resolver las preguntas fundamentales.
Mi opinión es que lo sucedido merece una investigación mucho más profunda sobre el origen de estas convocatorias y la identidad de quienes las impulsan. Las cuentas que aparecen y desaparecen, los mensajes contradictorios, los llamamientos al saqueo y la utilización política posterior de los disturbios son motivos suficientes para exigir respuestas.
No afirmo que estemos ante una falsa bandera. Digo que, mientras existan dudas razonables sobre quién organiza estas convocatorias y con qué finalidad, debemos investigar todas las hipótesis sin excluir ninguna de antemano.
Porque defender la convivencia democrática significa precisamente eso: no permitir que nadie utilice la violencia para enfrentar a la sociedad, pero tampoco señalar a un culpable antes de conocer la verdad.
Y, sobre todo, exigir que esa verdad se investigue caiga quien caiga.
Paco Ciclón / Testigo de nuestras historias cotidianas/ AFPRESS
