Cada catástrofe vuelve a poner sobre la mesa una forma de hacer política que merece una reflexión. Antes de que terminen las investigaciones, antes de que se conozcan los informes técnicos y, en ocasiones, incluso antes de que se haya podido atender a todas las víctimas, algunos dirigentes de Vox y representantes de la derecha política ya han encontrado un responsable: Pedro Sánchez.
Hay algo que se repite en la política española y que, sinceramente, cada vez resulta más difícil de aceptar. Ocurre una tragedia, hay víctimas, familias destrozadas y una sociedad conmocionada. Y mientras los equipos de emergencia trabajan y los investigadores intentan averiguar qué ha sucedido, comienza otra carrera: la de buscar culpables políticos.
En demasiadas ocasiones, el nombre aparece casi de inmediato. Pedro Sánchez.
No importa demasiado si hablamos de una inundación, un incendio forestal, un accidente ferroviario o cualquier otra emergencia. Para determinados responsables políticos, la explicación parece estar decidida desde el primer momento. El Gobierno es culpable, Sánchez es responsable y todo lo que ocurra después debe encajar en ese relato.
No estoy diciendo que un presidente del Gobierno no tenga que asumir responsabilidades. Por supuesto que debe hacerlo. Para eso ocupa el cargo que ocupa. Tiene la obligación de dar explicaciones, responder ante los ciudadanos y garantizar que las administraciones bajo su responsabilidad actúen correctamente. Pero una cosa es exigir responsabilidades y otra muy distinta señalar a una persona como culpable antes de disponer de pruebas.
Y esa diferencia es fundamental.
La tragedia de Urda vuelve a ponerlo de manifiesto
Lo estamos viendo estos días con el accidente ferroviario de Urda, en Toledo. Una tragedia que ha dejado 69 personas fallecidas y que ha vuelto a conmocionar a todo el país.
Mientras las familias intentan asimilar lo ocurrido y los investigadores trabajan para reconstruir los hechos, Santiago Abascal responsabilizó directamente a Pedro Sánchez del accidente y de lo que calificó como una degradación de las infraestructuras ferroviarias. Al día siguiente, Vox anunció una querella contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
También la portavoz nacional de Vox Isabel Pérez llegó a señalar a Sánchez y Puente como «autores directos» de la tragedia.
Son declaraciones y decisiones políticas que deben conocerse, pero conviene recordar algo: presentar una querella no demuestra que los delitos se hayan cometido. Será la investigación judicial la que determine si existen responsabilidades penales y quién debe responder por ellas.
El propio presidente del Gobierno ha prometido llegar hasta el final y ha asegurado que, si se detectan negligencias, se actuará con contundencia. Esa es precisamente la respuesta que debería exigirse a cualquier Gobierno: investigar, esclarecer y asumir las consecuencias que correspondan.
La DANA, los incendios y una misma forma de buscar responsabilidades
No es la primera vez que asistimos a este tipo de enfrentamiento.
Durante la DANA de octubre de 2024, que dejó 229 fallecidos en la Comunitat Valenciana, el debate sobre las responsabilidades políticas se convirtió en una batalla entre administraciones y partidos. Hubo decisiones que debían explicarse, competencias que debían aclararse y actuaciones que merecían una investigación rigurosa. Sin embargo, también circularon mensajes falsos y afirmaciones sin fundamento que contribuyeron a confundir todavía más a una ciudadanía que estaba viviendo una situación dramática.
RTVE Verifica documentó la difusión de bulos durante aquella emergencia, entre ellos afirmaciones engañosas sobre la supuesta demolición de presas.
Con los incendios forestales ocurre algo parecido. Se discuten los medios disponibles, la prevención, la gestión de los montes y la actuación de las administraciones. Todo ello es necesario. Pero no se puede olvidar que las competencias están repartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Señalar exclusivamente a un Gobierno sin analizar qué responsabilidad corresponde a cada administración no ayuda a conocer la verdad.
La política debería servir para exigir explicaciones a todos los responsables, no para escoger de antemano a quién se quiere culpar.
¿Por qué siempre el mismo nombre?
Creo que aquí está una de las claves. Una tragedia provoca incertidumbre, miedo e indignación. La ciudadanía necesita respuestas y, cuando todavía no existen, alguien puede intentar ocupar ese vacío con un mensaje sencillo y contundente.
Es mucho más fácil lanzar una acusación contra el presidente del Gobierno que explicar una investigación técnica compleja, analizar las competencias administrativas o esperar a que los expertos terminen su trabajo.
Además, señalar directamente al adversario permite trasladar el debate desde las causas de la tragedia hacia el enfrentamiento político. Las preguntas dejan de ser qué ocurrió, qué falló y cómo se puede evitar que vuelva a suceder. El debate pasa a ser si Sánchez debe dimitir, si el Gobierno es culpable o si hay que convocar elecciones.
En ese escenario, las víctimas y sus familias corren el riesgo de quedar en un segundo plano.
No hace falta atribuir intenciones ocultas a nadie para reconocer que este tipo de mensajes puede proporcionar un rendimiento político inmediato. Las declaraciones contundentes generan titulares, circulan por las redes sociales y alimentan la confrontación. Pero no sustituyen a una investigación ni demuestran responsabilidades.
También el PP debe aclarar dónde termina la crítica y dónde empieza la acusación
El Partido Popular tiene todo el derecho a ejercer su labor de oposición, pedir explicaciones, reclamar auditorías y exigir responsabilidades al Gobierno. Es parte esencial de una democracia.
Pero algunos de sus dirigentes también han recurrido a señalar directamente al presidente del Gobierno en el contexto de tragedias recientes. En el accidente de Urda, por ejemplo, dirigentes populares han elevado la responsabilidad política hasta Sánchez, mientras Alberto Núñez Feijóo ha reclamado una investigación independiente y una revisión de la red ferroviaria.
Son posiciones que deben analizarse con sus matices. Pedir una investigación independiente no es lo mismo que proclamar una culpabilidad penal. Y esa distinción debería respetarse siempre, gobierne quien gobierne.
También conviene recordar que el PP ha gobernado España y distintas comunidades autónomas. Por tanto, cuando se habla de prevención, mantenimiento, infraestructuras o gestión de emergencias, nadie debería considerarse al margen del escrutinio.
Las responsabilidades no pueden depender del color político de quien ocupa el despacho.
Las víctimas merecen verdad, no una competición de acusaciones
Hay algo que me parece especialmente importante y que no deberíamos perder de vista. Detrás de cada cifra hay personas. Hay familias que han perdido a alguien, heridos que tendrán que recuperarse y ciudadanos que necesitan volver a confiar en los servicios públicos.
No se puede convertir ese sufrimiento en una competición para ver qué partido consigue el titular más contundente o quién consigue responsabilizar antes al adversario.
Si Pedro Sánchez, un ministro, un presidente autonómico, un alcalde o cualquier otro responsable público ha cometido una negligencia, deberá responder por ello. Si una investigación demuestra que hubo fallos en los protocolos, falta de mantenimiento o decisiones equivocadas, habrá que depurar las responsabilidades correspondientes, sean políticas, administrativas o penales.
Pero primero hay que demostrarlo.
Y esto debería ser una regla básica para todos, también para quienes hoy utilizan las tragedias para atacar al Gobierno y mañana podrían encontrarse en la misma situación desde el otro lado.
Una democracia necesita oposición, crítica y exigencia. Necesita periodistas que investiguen y ciudadanos que no acepten explicaciones cómodas. Pero también necesita responsabilidad, respeto a las víctimas y un mínimo de rigor cuando se habla de vidas humanas.
Porque cuando ocurre una catástrofe, lo primero debería ser atender a las víctimas, después conocer la verdad y, cuando existan pruebas, exigir responsabilidades. Lo que no debería ocurrir es que algunos ya tengan escrito el nombre del culpable antes de que los investigadores hayan podido abrir el expediente.
Paco Ciclón / Testigo de nuestras historias cotidianas/ AFPRESS
