El Ayuntamiento de Elche ha querido dejar claro, desde el primer momento, que la vivienda pública es para quien realmente la necesita. Con esa premisa, el alcalde Pablo Ruz ha anunciado que el próximo jueves el Consejo de Administración de PIMESA realizará la adjudicación provisional de los lotes 1 y 2 del programa Casa Fácil, un paso decisivo que marca el inicio de la construcción de 240 viviendas de protección pública en la ciudad.
Se trata de un proyecto con el que el gobierno municipal pretende dar respuesta al déficit de vivienda existente en Elche, pero también hacerlo con reglas claras y sin excepciones. Según ha explicado el propio alcalde, el proceso se ha diseñado incorporando desde el inicio cláusulas específicas, mecanismos de control y garantías adicionales para evitar cualquier acceso indebido a estas viviendas.
En este sentido, Ruz ha sido contundente al señalar quiénes no podrán optar a una vivienda pública dentro del Plan Casa Fácil. Quedan excluidas las personas que ya dispongan de una vivienda en propiedad, quienes no cumplan los requisitos legales, quienes intenten acceder mediante fraude o aportando información falsa y, de forma expresa, los concejales de la corporación municipal, asesores y altos cargos.
La gestión del programa se dividirá en dos fórmulas. Por un lado, una parte de las viviendas será administrada directamente por PIMESA en régimen de alquiler. Por otro, el resto será gestionado por la empresa adjudicataria, aunque siempre bajo supervisión pública. En ningún caso, ha subrayado el alcalde, la empresa privada decidirá de manera unilateral.
Todas las personas interesadas en acceder a una vivienda deberán ser comunicadas previamente a PIMESA, que será la entidad encargada de revisar, verificar y validar que se cumplen todos los requisitos exigidos. Además, la empresa municipal ha elaborado un documento específico sobre la ausencia de incompatibilidades, que deberá ser firmado obligatoriamente por todos los solicitantes.
Este documento tiene como objetivo garantizar que no exista ningún conflicto de intereses ni situaciones irregulares en el acceso a la vivienda pública. A ello se suma la habilitación de un canal de denuncias, a través del cual cualquier persona podrá comunicar, de forma segura y confidencial, posibles irregularidades durante el proceso de adjudicación.
Para el alcalde, estas medidas no suponen un endurecimiento del acceso, sino una protección directa de quienes más lo necesitan. “Ponemos reglas, vigilamos y actuamos”, ha señalado, insistiendo en que quien no cumpla la normativa no podrá acceder a estas viviendas. Casa Fácil, ha concluido, es vivienda pública con garantías, pensada para las personas y no para los abusos ni los privilegios.
