La supresión del peaje en la AP-7 a su paso por la circunvalación de Alicante ha terminado abriendo un nuevo frente laboral. La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), la empresa pública que gestiona esta autopista, ha iniciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 30 personas vinculadas al servicio de peaje, una medida que ha sido duramente cuestionada por CCOO.
Detrás de una decisión que para muchos conductores ha supuesto una mejora evidente en la movilidad, hay ahora una plantilla que denuncia haber quedado en una situación de total incertidumbre. Y ahí está precisamente el foco del conflicto: mientras la gratuidad de la vía ha sido presentada como una medida de interés general, los sindicatos alertan de que el coste humano de esa decisión lo están pagando directamente los trabajadores.
SEITT, la sociedad pública que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y que se encarga de la gestión de varias autopistas estatales, ha dado el paso de formalizar este proceso de despido colectivo tras el levantamiento de barreras en la AP-7 de Alicante. Esa liberalización del peaje fue aprobada por el Consejo de Ministros a finales de 2025, después del periodo previo de gratuidad que ya se venía aplicando en esta infraestructura.
Desde CCOO, sin embargo, consideran que el ERE “carece de justificación objetiva” y sostienen que no responde a una causa productiva o de organización sobrevenida, sino a una decisión política previa. Es decir, el sindicato defiende que no ha habido una caída inesperada de actividad ni un cambio imprevisible en la explotación del servicio, sino una decisión deliberada de dejar de cobrar el peaje y, a partir de ahí, extinguir los puestos de trabajo asociados.
Ese es el núcleo de la denuncia sindical. Según la representación de los trabajadores, resulta difícil aceptar que una empresa pública alegue razones organizativas para despedir a una plantilla cuando la propia Administración ha sido quien ha impulsado el cambio que deja sin función ese servicio. En otras palabras: el sindicato cree que la causa del expediente no es sobrevenida, sino construida desde arriba.
El malestar se agrava porque no es una situación que haya llegado de un día para otro. Ya en 2024 otros sindicatos habían advertido de la incertidumbre que se abría para el personal de la AP-7 tras la gratuidad temporal del tramo y la aplicación de medidas laborales que afectaban a la plantilla.
En este contexto, CCOO pone también el foco en la estructura de decisión de la propia empresa. El sindicato cuestiona que la dirección de SEITT y el ámbito ministerial que tutela la explotación de la autopista aparezcan tan estrechamente vinculados en una operación que, a su juicio, desemboca en un despido colectivo sin alternativas reales para las personas afectadas.
Y es precisamente ahí donde el relato deja de ser puramente administrativo para convertirse en una historia laboral y humana. Porque detrás de los números hay trabajadores que, según denuncia el sindicato, llevan tiempo encadenando expedientes temporales, sin ocupación efectiva y con la prestación por desempleo ya agotada. CCOO asegura además que, pese a ese escenario, la empresa no ha planteado medidas de acompañamiento social que ayuden a amortiguar el golpe.
La crítica no se dirige únicamente al fondo del ERE, sino también a la forma en que se está gestionando. Para el sindicato, no se entiende que una empresa pública actúe de esta manera en un proceso que afecta directamente a decenas de familias. Por eso, reclama una salida distinta, con soluciones laborales que eviten que la eliminación de un peaje termine convirtiéndose en un problema social.
La cuestión, además, tiene una lectura que va más allá de la propia AP-7. La circunvalación de Alicante es una infraestructura clave para el tráfico del sur de la provincia y su gratuidad ha sido defendida por distintos sectores por el alivio que puede suponer para otras vías y para la movilidad diaria. Pero ese avance en la circulación no debería, a juicio de los sindicatos, resolverse dejando sin horizonte a quienes han trabajado durante años en esa explotación.
En ese equilibrio entre servicio público, gestión de infraestructuras y empleo es donde se juega ahora esta historia. Y lo que denuncian los representantes de los trabajadores es que, en este caso, la parte más débil vuelve a quedarse sola.
Por el momento, CCOO mantiene su rechazo al expediente y exige que se abra una vía de negociación real para buscar alternativas al despido. Lo que está en juego, insisten, no es solo el cierre de unas cabinas de peaje, sino el futuro de 30 personas que llevan demasiado tiempo atrapadas entre decisiones administrativas y promesas que nunca terminan de traducirse en soluciones.
