Hay cosas que me cuesta entender.
Me cuesta entender que una vivienda pública o protegida, creada con una finalidad social, pueda acabar convirtiéndose en un activo más dentro de una operación inmobiliaria.
Y también me cuesta entender que una persona que lleva años esperando una vivienda pueda tener la sensación de que otros han podido partir con ventaja.
Por eso, cuando aparecen dudas sobre la vivienda protegida, creo que hay una pregunta que debemos hacernos: ¿para quién se construye realmente?
La legalidad es, por supuesto, imprescindible. Pero cuando hablamos de vivienda pública creo que necesitamos algo más: transparencia, igualdad de oportunidades y controles que permitan confiar en que las reglas son las mismas para todos.
Lo ocurrido en Madrid debería hacernos reflexionar
En 2013, durante la etapa de Ana Botella como alcaldesa de Madrid, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo vendió 1.860 viviendas públicas a Fidere, sociedad vinculada a Blackstone.
La operación generó una enorme polémica y acabó en los tribunales. El Tribunal Supremo confirmó posteriormente la absolución de Botella y de su Junta de Gobierno en materia de responsabilidad contable.
Conviene decirlo claramente: Ana Botella no fue condenada por aquella operación.
Pero también es un hecho que aquellas viviendas que formaban parte del parque público de Madrid pasaron a manos de una sociedad vinculada a un gran fondo de inversión, y que con el paso de los años algunas de las familias que vivían en ellas han tenido que enfrentarse a situaciones muy difíciles.
No quiero convertir aquello en un juicio político. Lo que me interesa es la pregunta que deja encima de la mesa:
¿Debe la vivienda pública tratarse como cualquier otro activo inmobiliario?
Yo creo que es una pregunta que merece una respuesta.
Porque cuando se pierde una vivienda pública, no se pierde solamente un inmueble. Se pierde también la posibilidad de que otra familia pueda acceder algún día a ese hogar.
Y después tenemos el caso de Les Naus
Lo ocurrido con Les Naus, en la playa de San Juan de Alicante.
En este caso hablamos de una promoción de 140 viviendas de protección pública cuya adjudicación está siendo investigada judicialmente.
La causa afecta a 15 personas investigadas, entre ellas responsables y funcionarios públicos, beneficiarios de viviendas y responsables de la gestora de la cooperativa.
Entre los investigados se encuentra la entonces concejala de Urbanismo Rocío Gómez, que además fue beneficiaria de una de las viviendas.
También se ha conocido que familiares de la entonces jefa municipal de Contratación, María Pérez-Hickman, estaban inscritos en la cooperativa.
La investigación judicial tendrá que determinar qué ocurrió y si existieron responsabilidades.
Una persona que lleva años esperando una vivienda protegida tiene derecho a saber cómo se adjudican esas viviendas, quién participa en el proceso y si todos tuvieron las mismas oportunidades.
Hay preguntas que necesitan respuestas
Una de las cuestiones que más me llama la atención son las declaraciones realizadas ante la jueza por María Pérez-Hickman.
Según ha trascendido, manifestó que en 2022 comunicó al entonces responsable de Contratación, Manuel Villar, y al jefe de los Servicios Jurídicos municipales, Manuel Cordón, que sus hijos estaban inscritos en la cooperativa de Les Naus. ¿Quién sabía qué y cuándo lo sabía?
La vivienda protegida tiene que ser para quien la necesita
Una vivienda protegida puede ser adjudicada a un funcionario, a un empleado público o a un familiar de alguien que trabaja en una Administración. Eso, por sí mismo, no demuestra ninguna irregularidad.
Lo que debe garantizarse es que las condiciones sean iguales para todos.
Porque detrás de cada expediente hay personas.
Hay jóvenes que no pueden emanciparse.
Familias que ven cómo aumenta el alquiler.
Trabajadores que tienen un sueldo, pero no encuentran una vivienda que puedan pagar.
Personas mayores que viven con miedo a perder su hogar.
Y cuando todas esas personas ven una promoción de vivienda protegida rodeada de dudas, la confianza se resiente.
Y la confianza también es un patrimonio público.
No debería ser una cuestión de partidos
La vivienda no debería ser una bandera electoral.
Debería ser una política que se mantuviera por encima de los partidos.
Cuando una Administración dispone de suelo público o impulsa viviendas protegidas, la ciudadanía tiene derecho a exigir la máxima transparencia.
No basta con decir: «Todo fue legal».
Fue transparente.
Todos tuvieron las mismas oportunidades.
Nadie tuvo información privilegiada.
Nadie obtuvo una ventaja por sus contactos.
Dos historias diferentes, una misma reflexión
La venta de viviendas públicas de Madrid y la investigación sobre Les Naus no son la misma historia.
Una fue una operación de venta de viviendas públicas. La otra es una investigación judicial sobre la adjudicación de viviendas protegidas.
Pero ambas pueden servirnos para reflexionar sobre algo que considero fundamental:
la vivienda pública y protegida no puede perder su función social.
No quiero que dentro de diez años tengamos que preguntarnos qué ocurrió con las viviendas de Les Naus.
Quiero que lo sepamos ahora. Que se investigue. Que se documenten las decisiones. Que se explique quién intervino, qué información tenía cada persona y cómo se adjudicaron las viviendas.
Si determina que existen responsabilidades, habrá que asumirlas.
Porque una vivienda protegida no es simplemente un piso.
Detrás hay recursos públicos, suelo público y, sobre todo, personas que necesitan un hogar.
Y por eso creo que la vivienda protegida debería estar al servicio de la gente.
No de los fondos de inversión.
No de los intereses inmobiliarios.
No de quienes tengan mejores contactos.
De la gente.
Y esto, para mí, no es una cuestión de izquierdas o de derechas.
Es una cuestión de justicia.
Paco Ciclón / Testigo de nuestras historias cotidianas/ AFPRESS
