Mi postura es clara: una vivienda de protección oficial debe tener una finalidad social. Su razón de ser es facilitar el acceso a un hogar a quienes tienen dificultades para conseguirlo en el mercado libre, no convertirse en una oportunidad para obtener beneficios aprovechándose de las ventajas de la vivienda protegida.
En un momento en el que tantas familias tienen dificultades para comprar o alquilar una vivienda, considero injustificable que alguien pueda aprovecharse de un sistema creado para ayudar a quienes más lo necesitan y utilizarlo con una finalidad puramente lucrativa.
Si una persona accede legalmente a una VPO y, respetando la normativa, necesita venderla por un cambio en sus circunstancias personales, estamos ante una situación. Pero si alguien utiliza la vivienda protegida como una actividad económica, buscando obtener beneficios, debe cumplir las obligaciones fiscales y administrativas que legalmente correspondan a esa actividad.
No se trata de convertir automáticamente en empresario a cualquiera que venda su vivienda. Se trata de que nadie pueda utilizar las ventajas de un sistema de protección pública para desarrollar un negocio al margen de las reglas que le sean aplicables.
El fraude debe tener consecuencias
Todavía más grave sería conseguir una VPO mediante engaños, ocultando información o falseando los requisitos de acceso para después utilizarla con fines lucrativos.
En esos casos, las administraciones deben investigar los hechos y, si se acredita un fraude o una infracción, aplicar las sanciones correspondientes. La protección pública no puede convertirse en una ventaja para quien incumple deliberadamente las condiciones mientras otras personas que sí necesitan esa vivienda se quedan fuera.
Mi propuesta es sencilla: controles efectivos, transparencia en las transmisiones y consecuencias reales para quienes incumplan la normativa. La vivienda protegida debe cumplir su función social durante el tiempo que establezca su régimen de protección, y las posibles operaciones económicas deben someterse a las reglas que les correspondan.
No estoy defendiendo que se impida vender una vivienda a quien tenga motivos legítimos para hacerlo. Estoy defendiendo que no se confunda ese derecho con la posibilidad de aprovecharse de una política pública para especular.
Porque una VPO no debería ser un premio para quien sabe sacar partido del sistema, sino una oportunidad para quien necesita un hogar. Y si alguien obtiene esa oportunidad mediante fraude para convertirla en un negocio, debe asumir las consecuencias legales de sus actos.
Paco Ciclón / Testigo de nuestras historias cotidianas/ AFPRESS
