Pablo Ruz aprovechó el acto institucional del Día de la Hispanidad, celebrado el pasado lunes en la Plaça de Baix, para reclamar reformas en España. Entre sus propuestas, defendió la liberalización del suelo urbano para facilitar la construcción de viviendas y permitir que los ayuntamientos impulsen nuevas promociones.
La propuesta plantea una cuestión que afecta directamente a miles de ciudadanos: el acceso a una vivienda. Pero, después de escuchar al alcalde, me quedan varias preguntas que considero necesario aclarar. Porque hablar de construir más casas está bien, pero también hay que explicar qué viviendas se quieren construir, cuánto costarán y quién podrá acceder a ellas.
No es lo mismo una vivienda libre que una protegida, una vivienda pública en alquiler o una vivienda social destinada a personas con mayores dificultades económicas. Y tampoco basta con que una casa tenga algún tipo de protección si su precio sigue fuera del alcance de muchas familias trabajadoras.
En su intervención, Ruz no concretó a qué modelo de vivienda se refería ni qué precios tendrían las futuras promociones. Por eso, creo que la primera pregunta es inevitable: ¿qué tipo de viviendas pretende impulsar el alcalde con esa liberalización del suelo?
Construir más no significa necesariamente vivir más barato
El Ayuntamiento de Elche ya ha presentado el Plan Casa Fácil, una iniciativa que contempla 240 viviendas protegidas, de las que 48 se destinarían al alquiler para jóvenes. Las estimaciones iniciales difundidas por el consistorio situaban los precios entre 176.000 y 208.000 euros, dependiendo de la zona y la tipología. Posteriormente, una información de la Cadena SER señaló que determinadas viviendas de tres dormitorios, con garaje y trastero, podrían alcanzar los 240.000 euros.
Son cifras que deben analizarse teniendo en cuenta las características de cada vivienda y las condiciones de acceso. No permiten concluir, por sí solas, que todas esas casas sean inaccesibles, pero sí invitan a preguntarse qué posibilidades tienen las personas con salarios modestos de asumir esos importes.
Además, no sabemos si las nuevas construcciones que Ruz plantea impulsar seguirían este mismo modelo o responderían a otra fórmula.
Aumentar la oferta puede contribuir a mejorar el mercado de la vivienda, pero no garantiza automáticamente que los precios estén al alcance de quienes más dificultades tienen. Por eso, además de hablar de suelo disponible, necesitamos conocer los precios previstos, las modalidades de vivienda y las medidas que se plantean para facilitar el acceso a los hogares con menos recursos.
¿Qué administración debe dar los siguientes pasos?
También conviene aclarar qué cambios propone el alcalde y qué espera de cada administración.
La vivienda es una responsabilidad compartida. La Generalitat Valenciana tiene competencias fundamentales en materia de vivienda y urbanismo; los ayuntamientos desempeñan un papel esencial en el planeamiento y la gestión del suelo municipal, mientras que el Gobierno de España interviene mediante la legislación básica y sus propias políticas de vivienda.
La nota difundida sobre el discurso de Ruz no concreta qué modificaciones normativas reclama, a qué administración se dirige ni qué actuaciones considera necesarias para aumentar la construcción en Elche.
Por eso, sería conveniente que explicara qué puede hacer el Ayuntamiento con sus propios instrumentos urbanísticos, qué cambios solicitaría a la Generalitat y qué medidas considera que corresponden al Gobierno central.
No se trata de atribuir responsabilidades sin conocer los detalles, sino de saber qué propone exactamente y cómo piensa llevarlo a la práctica.
¿Cómo se decidirá quién puede acceder a las viviendas?
Hay otra cuestión que no debería quedar en segundo plano: la adjudicación.
Si se van a impulsar nuevas promociones, los ciudadanos tienen derecho a conocer los requisitos de acceso y los criterios que determinarán quién consigue una vivienda. ¿Se tendrán en cuenta los ingresos, la composición familiar y las circunstancias sociales de los solicitantes? ¿Qué baremos se aplicarán? ¿Cómo se garantizará que el procedimiento sea transparente y que las reglas sean iguales para todos?
En el caso de las 48 viviendas de alquiler para jóvenes previstas en el Plan Casa Fácil, se ha anunciado que la adjudicación se realizaría mediante sorteo ante notario. No obstante, considero necesario conocer las bases definitivas del procedimiento, los requisitos que deberán cumplir los solicitantes y las garantías previstas para asegurar un proceso transparente y en igualdad de condiciones para todos.
Lo que reclamo no es que se atribuyan intenciones a nadie, sino que las reglas estén claras desde el principio y existan garantías de igualdad, objetividad y transparencia. La confianza en una política pública también depende de que los ciudadanos sepan cómo se toman las decisiones.
La vivienda debe responder a las necesidades de la gente
No pretendo decirle a Pablo Ruz cómo debe desarrollar su política de vivienda. Como alcalde, le corresponde presentar sus propuestas y explicar cómo quiere llevarlas a la práctica. Como periodista, considero que mi obligación es preguntar por los aspectos que todavía no están claros.
En una ciudad donde la vivienda preocupa a jóvenes, familias y trabajadores, no basta con anunciar que se quiere construir más. Hace falta explicar qué modelo se propone, cuánto costará, quién podrá acceder a él y qué compromisos asumirá cada administración.
La cuestión no es estar a favor o en contra de construir viviendas. La cuestión es decidir qué queremos conseguir con esa construcción y a quién debe beneficiar.
Porque detrás de cada cifra hay personas que trabajan, pagan sus gastos y siguen encontrando dificultades para independizarse o mantener un hogar. Para ellas, la diferencia entre una vivienda anunciada y una vivienda a la que realmente pueden acceder es enorme.
Más suelo puede facilitar la construcción de más viviendas, pero no garantiza por sí solo que sean asequibles.
Por eso, la pregunta que dejo sobre la mesa es sencilla: alcalde, ¿qué viviendas quiere impulsar, a qué precios, con qué criterios de adjudicación y qué garantías tendrán las personas que más dificultades encuentran para acceder a un hogar?
Los ilicitanos merecen conocer las respuestas. Porque una política de vivienda no debería medirse únicamente por el número de casas que se construyen, sino también por las posibilidades reales que ofrece a quienes necesitan vivir en ellas.
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Paco Ciclón / Testigo de nuestras historias cotidianas / AFPRESS
