La denuncia contra el presidente de FACTA España por el presunto uso de 9.000 euros de los donativos destinados a los afectados por la DANA abre un debate necesario sobre la confianza, la transparencia y la responsabilidad de quienes gestionan la ayuda solidaria.
Hay cosas que cuesta entender, especialmente cuando hablamos de solidaridad.
Cuando la DANA del 29 de octubre de 2024 golpeó con una fuerza devastadora diferentes localidades de la provincia de Valencia, miles de personas se movilizaron. Unas cogieron sus coches y se desplazaron hasta las zonas afectadas. Otras llevaron comida, agua, productos de limpieza, ropa y material de primera necesidad. Y muchas, desde sus casas y sus trabajos, hicieron lo que podían: aportar dinero.
Cada persona ayudó como pudo. Detrás de cada donativo había una intención, una familia que quería colaborar, un trabajador que apartaba unos euros de su bolsillo o alguien que simplemente no podía quedarse de brazos cruzados ante tanto sufrimiento.
Por eso, cuando aparecen noticias sobre posibles irregularidades en la gestión de ese dinero, la preocupación va mucho más allá de una organización, de un dirigente o de una determinada ideología política.
Estamos hablando de la confianza de las personas.
Una denuncia que obliga a pedir explicaciones
La noticia que ha trascendido estos últimos días tiene como protagonista a Carlos San Frutos, presidente de FACTA España, organización identificada en las informaciones publicadas como un grupo de extrema derecha.
Una antigua integrante de la organización ha presentado una denuncia ante los juzgados de Madrid por el presunto uso indebido de parte del dinero recaudado para ayudar a los damnificados por la DANA de Valencia.
La cantidad que se encuentra bajo sospecha está entre los 9.000 y los 11.000 euros, aunque ambas cifras responden a conceptos diferentes.
Según la información publicada, FACTA inició una campaña solidaria al día siguiente de las inundaciones. La organización difundió una petición de ayuda para conseguir productos básicos y habilitó una cuenta bancaria para recibir aportaciones económicas.
La recaudación habría alcanzado aproximadamente los 25.000 euros, según la información que la denunciante atribuye al propio presidente.
Pero hay un dato especialmente relevante en la documentación contable que, según la denuncia, se habría aportado.
En el libro mayor de la asociación aparecen dos apuntes fechados el 17 de noviembre de 2024. Uno recoge 24.439 euros bajo el concepto de donaciones para Valencia y otro refleja 13.472 euros en gastos destinados a esa misma finalidad.
La diferencia entre ambas cantidades es de 10.967 euros.
¿Qué ocurrió con ese dinero?
Esa es precisamente una de las cuestiones que se pretende esclarecer.
Los 9.000 euros que están en el centro de la denuncia
La información publicada recoge también el contenido de un supuesto mensaje de audio de WhatsApp que Carlos San Frutos habría enviado a la antigua integrante de la organización el 30 de noviembre de 2024.
Según la transcripción atribuida a ese audio y recogida en la denuncia, habría explicado que retiró 9.000 euros de una cuenta en la que había dinero procedente de los donativos para Valencia y de las cuotas de los asociados.
La justificación que se le atribuye sería el cobro de una supuesta deuda que FACTA mantenía con él.
La denunciante cuestiona que esa deuda estuviera acreditada documentalmente y sostiene que no existía autorización para satisfacerla utilizando fondos destinados a los afectados por las inundaciones.
Conviene detenerse aquí.
No estamos ante una sentencia judicial ni ante una responsabilidad penal demostrada. Estamos ante una denuncia, una serie de documentos que, según la información publicada, se han aportado y unas explicaciones que deberán ser examinadas.
La Justicia tendrá que determinar qué ocurrió realmente, cuál fue el destino de los fondos y si existió alguna actuación delictiva.
El dinero de las donaciones no es dinero de nadie en particular
Y aquí es donde quiero detenerme, porque creo que el asunto merece una reflexión que va más allá de las siglas de una asociación.
Cuando una persona entrega dinero para ayudar a los damnificados de una catástrofe, no está financiando los gastos personales de quien organiza una campaña. Tampoco está entregando una cantidad para que alguien decida unilateralmente cómo utilizarla.
Está confiando en que ese dinero llegará a quienes lo necesitan.
Si una organización recoge aportaciones con una finalidad concreta, tiene la obligación de explicar qué recibe, cuánto gasta, a quién ayuda y qué ocurre con el dinero que sobra.
Y esa obligación no debería depender de que la organización sea de izquierdas, de derechas o no tenga ninguna vinculación política.
La transparencia no tiene ideología.
Tampoco debería tenerla la exigencia de responsabilidades.
No podemos pedir explicaciones únicamente cuando los protagonistas pertenecen al espacio político contrario. No podemos indignarnos cuando sucede en una organización que no compartimos y guardar silencio cuando ocurre en otra que nos resulta cercana.
La solidaridad no puede convertirse en una herramienta de propaganda, ni los sentimientos de quienes ayudan pueden utilizarse para conseguir beneficios particulares.
Quien pide ayuda también debe rendir cuentas
La DANA dejó heridas que no se cerraron cuando desapareció el agua de las calles. Muchas familias tuvieron que reconstruir sus viviendas, recuperar sus negocios y tratar de recomponer una vida que había quedado patas arriba.
En medio de aquella tragedia hubo miles de iniciativas solidarias. Muchas pequeñas asociaciones, colectivos, voluntarios y personas anónimas trabajaron de manera desinteresada.
No sería justo meter a todos en el mismo saco por una denuncia que afecta a una organización concreta.
Pero tampoco sería justo restar importancia a las preguntas que ahora se plantean.
La denunciante solicita que se esclarezca el destino del dinero y, según la información publicada, propone que se investiguen los movimientos de la cuenta bancaria y quiénes estaban autorizados para operar con ella.
Son cuestiones que merecen una respuesta documentada.
También es importante que el denunciado pueda ofrecer su versión y que se respete su derecho a defenderse. Una denuncia no convierte automáticamente a nadie en culpable.
La confianza de la gente no se puede utilizar
Hay una frase que, para mí, resume buena parte de este asunto: el dinero que se entrega para ayudar no pertenece a quien lo recoge.
Pertenece, en términos de finalidad, a las personas para las que se pidió esa ayuda.
Quien organiza una campaña solidaria asume una responsabilidad que va mucho más allá de abrir una cuenta bancaria o publicar un número para recibir transferencias. Asume el compromiso de gestionar cada aportación con claridad y de poder explicar hasta el último euro.
Y si finalmente se demuestra que alguien utilizó ese dinero de manera indebida, tendrá que responder por ello.
No importa su cargo, sus ideas, sus amistades o el discurso que haya utilizado para pedir colaboración.
Porque hay algo que debería estar por encima de cualquier bandera: el respeto a quienes sufren y a quienes, desde la generosidad, intentan ayudarles.
La solidaridad es una de las cosas más bonitas que todavía conservamos como sociedad. No permitamos que la falta de transparencia, los intereses particulares o las posibles irregularidades terminen convirtiéndola en motivo de desconfianza.
Ayudar no debería exigirnos tener fe ciega en nadie. Debería bastarnos con saber que nuestro dinero llega a donde prometieron que llegaría.
Y quien no tenga nada que ocultar debería ser el primer interesado en demostrarlo.
Paco Ciclón / Testigo de nuestras historias cotidianas/ AFPRESS
