Hay algo que me preocupa mucho cuando escucho hablar a la gente en la calle, cuando comparto una conversación con amigos o simplemente cuando leo los comentarios de muchos ciudadanos en las noticias: cada vez hay más personas que sienten que ya no pueden confiar plenamente en la justicia.
Y creo que este es un problema mucho más importante de lo que algunos quieren reconocer. Porque los gobiernos cambian, los partidos políticos pasan y los dirigentes van y vienen, pero la justicia debería ser una de esas instituciones que permanecen por encima de las luchas políticas. Debería ser el lugar donde cualquier persona, sea quien sea y piense como piense, pueda tener la tranquilidad de que será tratada con igualdad.
Cuando un ciudadano empieza a pensar que la justicia no depende únicamente de las pruebas y de la ley, sino también de quién tiene más influencia, más poder o más capacidad para defenderse, algo empieza a romperse.
España ha vivido en los últimos años casos de corrupción muy graves. Investigaciones y procedimientos como Gürtel, Púnica o Kitchen, relacionados con distintas etapas del Partido Popular, dejaron una profunda huella en la sociedad española y demostraron que cuando alguien utiliza un cargo público para beneficio propio debe responder ante la justicia.
La corrupción debe perseguirse siempre. No importa el partido, la ideología o el cargo de la persona investigada. Los ciudadanos exigimos que quien haya cometido un delito pague por ello.
Pero precisamente porque defendemos el Estado de derecho, también debemos defender sus principios básicos. Y uno de los más importantes es la presunción de inocencia. Nadie debería ser condenado antes de tiempo, ni en un juzgado ni en la calle.
Porque una cosa es investigar y otra muy distinta es convertir una sospecha en una condena social.
En los últimos años hemos visto también procedimientos que han generado una enorme división política y social, como la causa relacionada con el fiscal general del Estado o las investigaciones que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En estos casos, como en cualquier otro, los tribunales deben hacer su trabajo con independencia, pero mientras no exista una resolución firme debe mantenerse el respeto a la presunción de inocencia.
La justicia debe buscar la verdad, no confirmar lo que algunos ya han decidido creer.
Y aquí aparece otro problema que, en mi opinión, está haciendo mucho daño: las filtraciones de procedimientos judiciales.
Muchas veces vemos cómo aparecen en los medios de comunicación detalles de investigaciones que todavía están abiertas, conversaciones, informes o datos que deberían formar parte de un procedimiento reservado. No se trata de señalar a una persona concreta ni de acusar a nadie sin pruebas, sino de preguntarnos qué efecto tiene todo esto sobre la sociedad.
Porque cuando una persona aparece durante días en los medios relacionada con una investigación, la imagen pública queda dañada desde el primer momento. Para muchos ciudadanos esa persona ya queda señalada, aunque después el procedimiento termine sin condena o incluso con un archivo.
El problema es que una acusación ocupa portadas durante semanas, pero cuando llega una decisión judicial favorable muchas veces apenas tiene el mismo espacio. Y eso provoca una sensación muy peligrosa: que algunas personas pueden ser juzgadas primero en los medios de comunicación y después en los tribunales.
La justicia necesita transparencia, pero transparencia no significa que todo pueda hacerse público antes de tiempo. También necesita prudencia, responsabilidad y respeto hacia los derechos de las personas.
Otro asunto que genera dudas entre muchos ciudadanos son determinadas decisiones cautelares que parecen basarse en la posibilidad de que algo pueda ocurrir más que en hechos demostrados.
Por ejemplo, cuando se plantean medidas como la retirada del pasaporte por riesgo de fuga en situaciones donde hablamos de personas sometidas a una vigilancia constante por parte de los propios cuerpos de seguridad, muchos ciudadanos se preguntan hasta qué punto esas medidas son proporcionales.
Evidentemente los jueces tienen la responsabilidad de tomar las decisiones que consideren necesarias dentro de la ley, y su independencia debe ser protegida. Pero independencia no significa estar por encima de cualquier crítica. En una democracia sana, las decisiones de las instituciones pueden ser analizadas y debatidas con respeto.
Los jueces tienen una enorme responsabilidad porque sus decisiones cambian vidas. Una investigación, una medida cautelar o una resolución judicial no solo afecta a quien está delante de un tribunal; también afecta a su familia, a su trabajo y a su imagen pública.
Por eso la justicia debe ser especialmente cuidadosa. No solo debe ser independiente, también debe parecerlo ante los ojos de los ciudadanos.
El mayor problema al que nos enfrentamos no es un caso concreto, ni un partido político, ni una persona determinada. El verdadero problema aparece cuando una parte de la sociedad empieza a creer que la justicia no funciona igual para todos.
La verdadera víctima es la confianza en el Estado de derecho.
Porque una democracia no se mantiene solamente con leyes escritas en un papel. Se mantiene porque los ciudadanos creen que esas leyes se aplican con justicia, con equilibrio y con las mismas reglas para todos.
Los políticos tienen una responsabilidad enorme y deberían dejar de utilizar los tribunales como una herramienta más de la lucha partidista. Los medios de comunicación también deben actuar con responsabilidad, evitando convertir una investigación en una sentencia pública.
Y la justicia, por su parte, debe recordar que su fuerza no está solamente en sus decisiones, sino también en la confianza que consigue generar entre los ciudadanos.
Al final, una persona normal, un trabajador, un jubilado, un pequeño empresario o cualquier vecino solo quiere una cosa: saber que si algún día tiene un problema, tendrá delante una justicia independiente, justa y humana.
Porque cuando la gente deja de creer en la justicia, no pierde solo la confianza en los jueces. Empieza a perder la confianza en el propio sistema que nos protege a todos.
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Paco Ciclón / Testigo de nuestras historias cotidianas/ AFPRESS
